El reciente debate presidencial fue el epicentro de un intenso intercambio de ideas en torno a la justicia, la seguridad jurídica y la seguridad ciudadana. Rodrigo Paz Pereira y Jorge Tuto Quiroga, candidatos principales, convergieron en la urgencia de una transformación profunda del sistema judicial boliviano. No obstante, sus perspectivas discreparon notablemente en cuanto a la temporalidad y las metodologías para implementar dicha reforma. La discusión escaló rápidamente, derivando en señalamientos mutuos respecto a supuestos indultos judiciales.
Rodrigo Paz, durante su participación, expuso la iniciativa de convocar, en caso de ser elegido, a una cumbre nacional de Justicia en Sucre. Este evento, programado para el 9 de noviembre —un día después de su investidura—, buscaría congregar a los tres poderes del Estado, instituciones académicas, gremios de abogados y la sociedad civil. El objetivo central, según Paz, sería iniciar la restauración del entramado judicial sobre pilares de institucionalidad y excelencia profesional. Enfatizó la imperiosa necesidad de un sistema judicial independiente, transparente y libre de influencias políticas o económicas, destacando que la depuración de la justicia figuraría entre sus prioridades iniciales. Paz lanzó un interrogante directo a su contendiente, inquiriéndole si se sumaría a esta cruzada por la transparencia o si persistiría en pactos que, según él, le habrían otorgado beneficios judiciales.
Jorge Tuto Quiroga, a su vez, desestimó categóricamente las imputaciones de haber obtenido concesiones judiciales. Afirmó haber enfrentado dieciséis procesos durante la administración de Evo Morales y cinco bajo el gobierno de Arce, sin haber sido objeto de ningún tipo de perdón judicial. Con la convicción de no tener nada que ocultar, habiendo sido sometido a juicio de responsabilidades, devolvió la interpelación, preguntando a Paz si se uniría a la tarea de sanear la justicia. El exmandatario insistió en que la modificación estructural no podía postergarse hasta la asunción de un nuevo gobierno, como proponía Paz, sino que debía activarse inmediatamente después de la segunda vuelta electoral. Argumentó que la reforma constitucional debía ser aprobada en el Congreso antes de fin de año y votada en marzo, para modificar una Constitución que, en su opinión, resguarda a los corruptos mientras hostiga a los inocentes.
El candidato de Libre presentó una estrategia con cuatro ejes fundamentales para la transformación judicial y de seguridad. En primer lugar, restaurar el principio de la meritocracia, garantizando que jueces y fiscales sean seleccionados por su competencia y no por afiliaciones políticas. En segundo lugar, implementar la digitalización del aparato judicial para agilizar los procesos y prevenir la corrupción. En tercer lugar, erradicar el uso excesivo de la detención provisional, que afecta a miles de ciudadanos. Y en cuarto lugar, incrementar la severidad de las sanciones para delitos de extrema gravedad, proponiendo centros penitenciarios que cumplan su función disuasoria y no sean percibidos como lugares de ocio. Quiroga prometió, además, imponer penas acumulativas para infractores recurrentes, asegurando que quienes cometan crímenes aberrantes jamás volverían a experimentar la libertad. También se comprometió a enfrentar con rigor al crimen organizado transnacional vinculado al narcotráfico, al que vinculó con la presencia de organizaciones como el PCC, el Comando Vermelho y figuras como Sebastián Marset, generando zozobra en la población.
Paz, aunque coincidió en la necesidad de un cambio estructural, reiteró que la reforma debía ser el resultado de un proceso
