El sector de la salud en Tarija atraviesa un periodo de considerable incertidumbre tras la decisión de la administración departamental de reducir su plantilla de personal. Esta medida ha provocado una fuerte reacción por parte del gremio médico, que ha anunciado una interrupción de servicios por una jornada completa en protesta. La situación es particularmente delicada en un momento de alerta epidemiológica nacional por sarampión, lo que eleva la preocupación sobre la capacidad del sistema para responder a las necesidades de la población.

Edwin Valdez, quien preside el Colegio Médico Departamental, ha expresado su profunda inquietud, advirtiendo que el cese de contratos laborales podría conducir a un compromiso severo de la atención médica. Según sus declaraciones, la Dirección del Servicio Departamental de Salud (SEDES), siguiendo directrices del gobernador, ha iniciado la desvinculación de profesionales de la salud que operan en el primer y segundo nivel de atención. Inicialmente, se registraron 25 despidos en la red de centros de salud de Cercado, pero la directriz podría extenderse hasta afectar a cerca de 350 especialistas, incluyendo médicos, enfermeras, odontólogos y bioquímicos. Valdez enfatizó que esta reducción de personal ocurre en un momento crítico para la salud pública, lo que inevitablemente mermará la capacidad de respuesta de los centros asistenciales. Ante este panorama, el Colegio Médico ha hecho un llamado a la ciudadanía a expresar su preocupación, anticipando que la prestación de servicios sanitarios se verá disminuida.

Por su parte, la Gobernación de Tarija ha justificado estas acciones en base a una compleja situación financiera. Rodrigo Baldivieso, portavoz de la administración departamental, explicó que se están llevando a cabo coordinaciones con las alcaldías para la reubicación de ítems que, a su juicio, corresponden a la esfera municipal. Baldivieso reiteró que la Gobernación había anticipado previamente su incapacidad para seguir asumiendo lo que considera responsabilidades que escapan a su ámbito jurisdiccional.

Como ejemplo de estas cargas financieras, Baldivieso citó el bono de vacunación, que representa un desembolso anual de 8 millones de bolivianos. El vocero señaló que este beneficio no solo es percibido por el personal directamente involucrado en la vacunación, sino también por personal administrativo y secretarios, lo que, según él, afecta la economía departamental. La Gobernación atribuye la necesidad de estos recortes a una disminución sustancial de sus rentas; mientras que las regalías se presupuestaban en un rango de 30 a 34 millones de bolivianos, actualmente no superan los 25 millones. Baldivieso planteó una pregunta retórica sobre dónde deberían realizarse los recortes alternativos, mencionando la atención a enfermos, niños en orfanatos, adultos mayores o personas privadas de libertad. Además, hizo una comparación con la situación en Beni, que ha experimentado conflictos por impagos en sus cárceles, a diferencia de Tarija, que mantiene sus obligaciones al día, sugiriendo que el sector de salud debería considerar el contexto de escasez de recursos antes de ejercer presión