Las elecciones generales, programadas para el 17 de agosto, se encuentran nuevamente bajo el escrutinio judicial. Un recurso legal ha resurgido, generando inquietud sobre la regularidad del cronograma electoral establecido.
Esta iniciativa se materializa como una acción popular dirigida contra aquellos candidatos que han ocupado cargos electivos por más de dos periodos, sin distinción de si estas gestiones fueron consecutivas o intermitentes. La promotora de esta medida, Marlene Sierra, ha presentado el recurso ante el Tribunal Departamental de Beni. Su argumentación invoca la aplicación, por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE), de la Sentencia Constitucional 0007/2025 y el Auto 0083/2024, normativas que restringen la reelección a un único periodo adicional para cargos de elección popular.
Desde el ámbito legislativo, se ha expresado preocupación por la posible intencionalidad de esta acción. La senadora Silvia Salame, de Comunidad Ciudadana, ha sugerido que el recurso podría buscar desarticular el proceso electoral. Ha señalado que su planificación podría haberse gestado incluso antes de la configuración definitiva de las papeletas, con el objetivo de impedir la incorporación de nuevas figuras políticas. En sintonía con esta perspectiva, el diputado Miguel Roca, también de Comunidad Ciudadana, ha calificado de antidemocrático cualquier intento de inhabilitar postulaciones en este momento crucial.
Entre los aspirantes a la presidencia que podrían verse afectados por esta medida se encuentran Andrónico Rodríguez, de Alianza Popular; Manfred Reyes Villa, por APB-Súmate; Eva Copa, de Morena; Jhonny Fernández, actual alcalde cruceño y candidato por Fuerza del Pueblo; y Rodrigo Paz, quien se postula por el Partido Demócrata Cristiano (PDC).
La fecha del 21 de agosto se perfila como un día decisivo, dado que a partir de las 10:00 horas se llevará a cabo la audiencia correspondiente, programada para realizarse de manera virtual a través de la plataforma Zoom.
Cabe recordar que el mes de mayo ya fue escenario de múltiples impugnaciones, con casi una decena de recursos presentados que cuestionaban la participación de diversas alianzas en la contienda. Agrupaciones como APB-Súmate y Morena, por ejemplo, enfrentaron observaciones relacionadas con el presunto incumplimiento del plazo mínimo de 120 días requerido para la obtención de su personalidad jurídica.
Por su parte, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha emitido un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, instando a evitar especulaciones frente a la aparición de recursos judiciales y acciones populares. El presidente de esta instancia, Romer Saucedo, ha garantizado la realización de los comicios, afirmando que las elecciones se llevarán a cabo indefectiblemente, incluso si se presentaran un centenar de recursos adicionales. El titular judicial ha enfatizado la postura inquebrantable del Órgano Judicial en asegurar la celebración de los comicios que se encuentran a menos de un mes. Asimismo, ha reafirmado el compromiso de la institución con su independencia, rechazando categóricamente cualquier intento de instrumentalización de la justicia. Ha declarado que la entidad no dudará en mantener su autonomía y pondrá fin a quienes busquen manipular el sistema judicial
