Una década después de que la legislación que autorizó la adquisición de un sistema de radares fuera promulgada, el gobierno ha publicado finalmente el decreto que regula su operación y uso. La normativa, identificada como Decreto 5477, establece la distribución y gestión de los trece equipos de vigilancia aérea.
Según lo dispuesto, los seis radares de tipo secundario, destinados al control del tránsito aéreo civil, serán administrados por Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol). Por otro lado, los siete radares primarios quedarán bajo la jurisdicción de la Fuerza Aérea. El decreto especifica que el Ministerio de Defensa está facultado para ceder en comodato a Naabol el sistema de radares secundarios y sus subsistemas complementarios por un periodo de treinta años, en concordancia con el Artículo 12, Parágrafo I de la Ley N° 521.
La adquisición de esta infraestructura tecnológica se concretó en agosto de 2016, mediante un contrato suscrito con la empresa francesa Thales Air Systems, por un valor aproximado de 196 millones de euros. La implementación y puesta en marcha de todo el sistema se completó en octubre del año anterior.
La finalidad principal de estos radares ha sido fortalecer la capacidad de seguimiento de aeronaves, especialmente aquellas que, en ocasiones, sobrevuelan el espacio aéreo nacional con fines ilícitos, como el transporte de estupefacientes. La Ley 521 de abril de 2014, que dio origen a este proyecto, contempla la posibilidad de neutralizar aeronaves sospechosas de narcotráfico. Sin embargo, el reciente decreto reglamentario no profundiza en los escenarios específicos para la intercepción hostil de aeronaves ni en la institución directamente responsable de ejecutar tales acciones.
En su lugar, la disposición transitoria única del decreto encomienda al Comando de Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo (Cosdea) la tarea de elaborar, en un lapso no mayor a noventa días calendario contados desde la publicación de la normativa, un reglamento específico. Este documento deberá detallar los procedimientos operativos para la detección, identificación e interceptación de aeronaves, así como los criterios para su declaración como infractoras, ilícitas u hostiles, delineando las medidas, fases y acciones pertinentes en el marco de la ley citada.
En cuanto a la financiación, la normativa fija el presupuesto institucional del Cosdea en 82 millones de bolivianos anuales, que será cubierto por diversas entidades. Naabol aportará el 77.3% del total; la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) contribuirá con el 3.1%; el Ministerio de Defensa con el 15.4%, y el Ministerio de Gobierno con el 4.2% restante. Para el ejercicio fiscal en curso, se ha previsto una asignación complementaria de 18.1 millones de bolivianos, y se espera que el presupuesto completo se integre en las partidas anuales a partir de 2026
