El gobierno departamental de Tarija prevé una significativa contracción de sus programas sociales para el año 2026, con una reducción estimada entre el 28 y el 30% en promedio. Esta medida, según explicó el legislador Mauricio Lea Plaza, responde a una estimación basada en el presupuesto efectivo que se espera recibir, y esta tendencia a la baja podría ser una constante en los próximos años. La decisión se enmarca en una reevaluación presupuestaria realizada por la administración departamental, la cual ha sido ratificada por la Asamblea Legislativa y está lista para su remisión al gobierno central.
El presupuesto total contemplado para la gobernación el próximo año asciende a 453.8 millones de bolivianos, lo que representa una disminución del 18% en comparación con el monto asignado para 2025. Sin embargo, en la práctica, los desembolsos efectivos suelen ser aún menores, llegando a una reducción real del 30% respecto a lo inicialmente presupuestado.
Esta situación se agrava por la rigidez de los costos fijos. Anualmente, aproximadamente 105 millones de bolivianos se destinan al servicio de la deuda pública, sumado a los gastos operativos institucionales, lo que limita drásticamente el margen de maniobra para la implementación de nuevos proyectos y el mantenimiento de los programas existentes. La pesada carga de la deuda contraída por administraciones anteriores representa un ahogo financiero considerable, haciendo imperativa una posible renegociación con el nuevo gobierno nacional para aliviar esta presión.
En cuanto al sector salud, se ha determinado preservar los ítems correspondientes al tercer nivel de atención, asegurando su continuidad. No obstante, los ítems asociados al segundo y tercer nivel experimentarán una reducción, aunque no una eliminación total. Es relevante señalar que, si bien la legislación actual no prevé el financiamiento departamental para estos ítems, la gobernación ha continuado asumiendo parte de esta responsabilidad, aunque en menor proporción, debido a la sostenida caída de los ingresos por regalías que se registra gradualmente desde 2015.
Por otro lado, el proyecto de presupuesto para 2026 no contempla la asignación de fondos para el denominado “bono vacunación”, una demanda de los trabajadores de salud dependientes del Ministerio. La administración departamental ha reiterado su imposibilidad financiera para cubrir esta obligación durante el presente año. Circulan versiones, aún sin confirmar, sobre la insistencia de los trabajadores para que se aplique un débito automático a la gobernación para saldar este bono en 2025, una acción que, según estas especulaciones, podría estar supeditada a la conclusión de la segunda vuelta electoral
