El jefe del gabinete ministerial peruano, Ernesto Álvarez, se desplazará a la ciudad de La Paz para participar en la ceremonia de investidura del nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz. La delegación oficial peruana ha confirmado la asistencia del primer ministro para el próximo 8 de noviembre, en representación del Poder Ejecutivo de su nación.

El viaje del titular del Consejo de Ministros está programado entre el 7 y el 9 de noviembre, con el propósito fundamental de asistir a la toma de posesión del mandatario boliviano. Su presencia subraya la importancia que el gobierno peruano, encabezado por el presidente en funciones José Jerí, otorga a la consolidación de los lazos de amistad, cooperación y entendimiento mutuo con el país vecino.

Como parte de su agenda en territorio boliviano, el primer ministro Álvarez también sostendrá un encuentro de trabajo con los miembros de la embajada peruana en La Paz. Durante su ausencia del país, la dirección del Consejo de Ministros será asumida temporalmente por el ministro de Defensa, Francisco Díaz.

Mientras tanto, Bolivia se alista para el juramento de sus nuevas autoridades. Rodrigo Paz asumirá la presidencia, acompañado por el exoficial de policía Edman Lara, quien ocupará el cargo de vicepresidente, en una ceremonia que se efectuará el 8 de noviembre.

Previamente, el presidente peruano, José Jerí, extendió sus felicitaciones telefónicamente a Paz y Lara, deseándoles éxito en su gestión tras su victoria en la segunda vuelta electoral. En esa conversación, ambos líderes manifestaron su interés en reactivar el diálogo político al más alto nivel bilateral. Asimismo, acordaron explorar la posibilidad de restablecer la representación diplomática plena, con embajadores, en el menor tiempo posible.

Actualmente, la legación diplomática de Perú en La Paz opera bajo la dirección de un encargado de negocios. Esta situación se mantiene desde el año 2023, cuando el gobierno anterior de la presidenta Dina Boluarte, quien fue destituida el pasado octubre, decidió retirar a la entonces embajadora Carina Palacios. Dicha medida se tomó en un contexto de acusaciones sobre presunta injerencia en asuntos internos peruanos dirigidas a un expresidente boliviano

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