El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, advirtió que la decisión de un juez de Cuatro Cañadas de admitir la revisión de la situación de candidatos inhabilitados por la alianza SAO-ADN representa un riesgo para las próximas elecciones subnacionales programadas para el 22 de marzo. Ávila explicó que esta acción busca permitir la participación de candidatos previamente inhabilitados, lo cual podría comprometer la integridad del proceso electoral.

Según Ávila, el juez en cuestión carece de competencia para resolver este caso, dado que los demandantes son de Santa Cruz de la Sierra y los demandados pertenecen a La Paz. El presidente del TSE también destacó la complejidad que implicaría una orden judicial para reintegrar a estos candidatos, especialmente en lo que respecta a la logística electoral, como el sorteo de la ubicación de los partidos en las papeletas, que en el país supera los 500 formatos. Señaló que una intervención judicial que altere este orden podría obligar a modificar el calendario electoral completo.

El representante del TSE se refirió al artículo 27 del reglamento electoral, que en consonancia con la Constitución, establece que los candidatos inhabilitados no pueden postular por otro partido o alianza. Enfatizó que, de los 34 mil inscritos en el proceso electoral, alrededor de 26 mil fueron inhabilitados, por lo que cualquier sentencia que permita su reinscripción afectaría a un número significativo de ciudadanos. Estas declaraciones se dieron en el contexto de las manifestaciones del excandidato a la Gobernación, Juan Carlos Medrano, quien solicitó respeto a su derecho de postulación tras la detención del juez de Cuatro Cañadas.

En cuanto a antecedentes, el juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal 1º de Cuatro Cañadas, Michael Quiroga, fue liberado por el Ministerio Público y retomó sus funciones luego de haber sido investigado por una denuncia presentada por el Tribunal Supremo Electoral. La denuncia señalaba incumplimiento de deberes y la emisión de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, relacionadas con la admisión de una acción de amparo que ponía en riesgo las elecciones subnacionales.

El presidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer, informó que la Fiscalía ejecutó la detención de Quiroga tras la denuncia del TSE, que indicaba que la acción de amparo generaba incertidumbre en el proceso electoral. Además, el Consejo de la Magistratura confirmó la existencia de dicha acción de amparo, que aún no había sido resuelta, a través de sus unidades de Control y Fiscalización