El presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, ofreció un análisis detallado sobre los primeros tres meses del actual periodo gubernamental, calificando este inicio como positivo y destacando avances significativos en diversos ámbitos fundamentales para el país. Durante su intervención en el programa ON (Otra Noche) de EL DEBER, Ávila resaltó el ritmo legislativo y las acciones encaminadas a superar la crisis institucional y económica que atraviesa la nación.
En estos primeros noventa días, el Senado ha aprobado un total de diez leyes, mientras mantiene en estudio alrededor de ochenta proyectos distribuidos en sus comisiones especializadas. Este amplio volumen de iniciativas responde a una agenda legislativa diseñada para reordenar la institucionalidad nacional y promover medidas que contribuyan a estabilizar la economía y fortalecer el sistema judicial. Ávila subrayó que estas acciones reflejan un periodo marcado por cambios profundos en sectores clave como la economía, donde se lograron avances en la disponibilidad de gasolina y divisas, así como en la regulación y fiscalización del funcionamiento empresarial.
El titular del Senado enfatizó que los esfuerzos no solo se han centrado en aspectos económicos sino también en mejorar el funcionamiento del poder judicial, apuntalando mecanismos para garantizar mayor transparencia y control sobre irregularidades detectadas en poderes del Estado, incluidos aquellos que se habían autoproclamado con atribuciones indebidas. Esta doble vía de trabajo busca sentar las bases para un orden institucional más sólido y confiable.
Dentro del ámbito legislativo, el Senado ha dado luz verde a normas esenciales para el fortalecimiento democrático y administrativo. Entre las leyes aprobadas destaca aquella que regula el proceso de elección del Órgano Electoral Plurinacional, institución responsable de organizar los procesos electorales nacionales. Este paso es fundamental para asegurar transparencia y legitimidad en futuros comicios. Asimismo, se autorizaron contratos crediticios por cerca de 650 millones de dólares destinados a impulsar proyectos estratégicos del país.
También fueron aprobadas legislaciones vinculadas a la dotación y transferencia de bienes inmuebles a instituciones públicas relevantes: la universidad ubicada en Uyuni recibió recursos para su infraestructura; el Ministerio Público obtuvo inmuebles mediante transferencia gratuita en Pando; mientras que al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) se le facultó para convertir la clasificación de propiedades agrarias pequeñas. La más reciente ley sancionada extiende el plazo obligatorio de permanencia en territorio nacional para exautoridades, una medida orientada a fortalecer controles institucionales sobre quienes han ejercido cargos públicos.
Estas normas reflejan una intención clara por establecer un nuevo orden institucional que permita superar las dificultades heredadas y avanzar hacia una gestión pública más eficiente y transparente.
En materia investigativa, Ávila informó sobre la labor conjunta entre el Poder Ejecutivo y Legislativo para conformar una Comisión de la Verdad bajo la conducción del procurador del Estado. Esta comisión ha iniciado investigaciones relevantes sobre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), entidad estatal envuelta en denuncias por presuntas irregularidades administrativas. Dos procesos ya han derivado en demandas penales contra diversos actores involucrados, mientras que dentro del sistema judicial continúan abiertas investigaciones relacionadas.
Además, la comisión abordará casos vinculados a arbitrajes internacionales donde se sospecha que Bolivia no fue defendida adecuadamente, lo cual podría representar perjuicios económicos significativos al Estado. En particular, Ávila destacó denuncias sobre presuntas compras con sobreprecio o mala calidad de crudo por parte de YPFB, hechos que requieren una investigación exhaustiva para determinar responsabilidades y resarcir posibles daños patrimoniales.
Respecto al retraso observado en las designaciones diplomáticas oficiales, Ávila explicó que esta situación obedece a un diagnóstico exhaustivo realizado sobre el estado actual del servicio exterior boliviano. Según señaló, existen gestiones pendientes y obligaciones heredadas que deben resolverse antes de avanzar con nuevas nominaciones. Aclaró que hasta el momento no han sido remitidas al Parlamento las propuestas oficiales para nombramientos embajadores o representantes diplomáticos. Sin embargo, aseguró que próximamente comenzarán a recibir estas sugerencias para su análisis y aprobación parlamentaria.
Finalmente, Ávila adelantó cuáles serán las prioridades legislativas durante los próximos meses. Destacó que pese al elevado número de proyectos vigentes se dará preferencia a aquellos orientados hacia reformas estructurales profundas. Entre ellos mencionó el nuevo Presupuesto General del Estado (PGE), así como leyes clave vinculadas al fomento de inversiones, regulación hidrocarburífera e industrialización del litio. También mencionó iniciativas destinadas a modernizar el marco autonómico bajo un esquema 50/50 y una reforma judicial integral orientada a fortalecer los tribunales nacionales.
Este balance presentado por Diego Ávila refleja un inicio dinámico dentro del Parlamento con miras a consolidar transformaciones esenciales para superar crisis previas e instaurar bases sólidas para el desarrollo nacional sostenible e institucionalmente confiable. La combinación entre aprobación normativa acelerada e investigaciones rigurosas configura una agenda legislativa ambiciosa pero necesaria frente a los retos actuales.
El programa ON con Sissi Áñez permitió conocer este panorama desde la voz oficial del presidente del Senado, aportando claridad sobre los avances alcanzados hasta ahora y las metas planteadas hacia adelante dentro del ámbito parlamentario boliviano
