El presidente ejecutivo de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), Álvaro Tejerina Olivera, ha emitido una alerta significativa respecto al futuro del contrato firmado con la empresa china Sinosteel, una alianza que tenía como objetivo principal la construcción y puesta en marcha de una planta siderúrgica de gran envergadura. Este contrato, valorado en aproximadamente 400 millones de dólares, fue concebido bajo la modalidad ‘llave en mano’, lo que implicaba que Sinosteel debía entregar el proyecto completamente operativo y listo para su funcionamiento.
Durante una conferencia de prensa, Tejerina Olivera dio a conocer que tras una revisión exhaustiva del desarrollo del proyecto se han identificado numerosas irregularidades que comprometen la viabilidad y la transparencia de la ejecución contractual. Estas irregularidades afectan tanto las etapas iniciales como las fases posteriores del proyecto. En primer lugar, se detectaron deficiencias relacionadas con el cumplimiento de las licencias ambientales requeridas para llevar adelante la construcción y operación de la planta siderúrgica. La falta o incorrecta gestión de estas licencias representa un serio incumplimiento normativo que pone en riesgo no solo el avance del proyecto sino también el impacto ambiental y social en la región.
Además, las observaciones se extienden a la etapa de ejecución propiamente dicha, donde se han evidenciado problemas significativos en las obras civiles. Estas fallas sugieren un bajo nivel de control y supervisión durante la construcción, lo que podría traducirse en un retraso considerable o incluso en la imposibilidad técnica para poner en marcha la planta bajo los estándares esperados. La suma de estas deficiencias genera un panorama preocupante para ESM y para los intereses del Estado involucrados en esta iniciativa industrial.
La advertencia sobre la posible resolución del contrato implica que ESM está considerando dar por terminado el acuerdo con Sinosteel debido a estos incumplimientos contractuales. Esta medida tendría consecuencias directas no solo sobre el desarrollo del proyecto sino también sobre las finanzas públicas, ya que supone un riesgo económico considerable derivado de los 400 millones de dólares comprometidos inicialmente. Además, este escenario podría afectar negativamente al sector siderúrgico nacional, que esperaba contar con esta planta para fortalecer su capacidad productiva y generar empleo.
Este anuncio se produce en un contexto donde se ha señalado previamente que la planta siderúrgica del Mutún no está operando actualmente y que existe un daño económico al Estado estimado en alrededor de 100 millones de dólares. Esta cifra refleja el impacto económico negativo generado por los retrasos y problemas técnicos asociados al proyecto, afectando directamente a los recursos públicos destinados a esta iniciativa estratégica.
En resumen, las declaraciones del presidente ejecutivo Álvaro Tejerina Olivera ponen sobre la mesa una situación crítica respecto a uno de los proyectos industriales más ambiciosos vinculados a la Empresa Siderúrgica del Mutún. La identificación de irregularidades tanto ambientales como constructivas no solo cuestiona el desempeño del contratista Sinosteel sino también abre un debate sobre las garantías contractuales y mecanismos de supervisión necesarios para salvaguardar los intereses estatales y garantizar el éxito de proyectos clave para el desarrollo industrial nacional. La posible resolución del contrato marca un punto decisivo que determinará el rumbo futuro de esta iniciativa siderúrgica crucial
