Una controversia ha surgido en el ámbito de la Asamblea Departamental, donde el titular del cuerpo legislativo, Damián Castillo Villarrubia, ha desmentido rotundamente las afirmaciones de una colega sobre gastos institucionales significativos. El desacuerdo se centra en la supuesta adquisición de indumentaria y la contratación de personal.

La asambleísta Romina Salazar había manifestado públicamente su inquietud por lo que, según ella, era una determinación del pleno para adquirir camisas por un monto superior a los 41.000 bolivianos, además de la incorporación de una treintena de consultores en línea. Sin embargo, Castillo Villarrubia refutó categóricamente que la plenaria de la Asamblea hubiera aprobado la compra de uniformes.

El presidente de la institución expresó su pesar por lo que calificó como una desinformación por parte de la legisladora. Aclaró que la propuesta de compra de camisas fue rechazada por el conjunto de los legisladores, una decisión que fue debidamente notificada a la oficialía mayor. En relación con las consultorías, confirmó su existencia, detallando que estos profesionales ya están activos en diversas funciones de asesoramiento técnico.

Castillo Villarrubia insinuó que las motivaciones detrás de las declaraciones de la asambleísta Salazar podrían estar ligadas a una estrategia de proyección política, considerando la cercanía de las elecciones subnacionales, e hizo un llamado a la responsabilidad en la difusión de información. Remarcó que tales acciones pueden dañar la reputación institucional, especialmente cuando la provisión de vestimenta de trabajo es una práctica estándar y, en muchos casos, una obligación legal para entidades públicas y privadas, según normativas laborales vigentes.

Respecto al personal consultor, se precisó que actualmente son quince los profesionales que prestan servicios. Sus contratos iniciales, con una duración de tres meses, no pudieron ser renovados directamente debido a restricciones presupuestarias. En su lugar, se optó por una extensión de estos acuerdos para garantizar la continuidad de sus labores hasta el cierre del año fiscal. La Asamblea, al igual que el gobierno departamental en general, atraviesa una situación económica compleja, atribuida a la disminución de los ingresos por concepto de regalías de hidrocarburos