La Fiscalía ha iniciado una investigación contra dos exfuncionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en relación con el caso de la gasolina ‘desestabilizada’ que provocó daños en motores de vehículos motorizados en Santa Cruz. Esta medida forma parte de un proceso más amplio que busca esclarecer las responsabilidades detrás del suministro de combustible adulterado, el cual generó un impacto significativo en la comunidad de transportistas y usuarios afectados por las fallas mecánicas derivadas.
El anuncio de las investigaciones surgió al término de una serie de mesas técnicas realizadas durante más de cinco horas en las oficinas de YPFB. En estas reuniones participaron diversos actores involucrados, entre ellos representantes del sector transporte, mototaxistas, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la aseguradora encargada de gestionar las reparaciones por los daños ocasionados a los motores. El Comité pro Santa Cruz, que actuó como mediador durante estas negociaciones, informó sobre el avance en los procesos y la voluntad conjunta para resolver el conflicto.
El presidente del Comité pro Santa Cruz destacó que se logró un entendimiento pleno entre las partes, especialmente en lo concerniente a la reparación económica destinada a los afectados. Se estableció un monto base para compensar los daños ocasionados a los vehículos, aunque este varía dependiendo de la categorización y características específicas de cada caso. Sin embargo, se omitieron detalles exactos sobre las cifras hasta que YPFB finalice y consolide toda la información relativa a los casos admitidos para indemnización.
Este paso refleja una coordinación estrecha entre YPFB y la ANH para garantizar que el proceso sea transparente y eficaz. La petrolera estatal será responsable de informar cuántas motocicletas y otros vehículos cumplieron con los requisitos estipulados y presentaron la documentación necesaria dentro del plazo establecido para acceder a la reparación. Esta medida busca asegurar que solo quienes efectivamente sufrieron daños por el combustible adulterado reciban compensación, evitando irregularidades o reclamos infundados.
La crisis generada por la gasolina ‘desestabilizada’ no solo afectó a cientos de usuarios particulares sino también a sectores organizados como los mototaxistas y transportistas en Santa Cruz, quienes denunciaron pérdidas económicas significativas debido al mal funcionamiento y deterioro acelerado de sus motores. Las mesas técnicas surgieron como una respuesta inmediata para mediar entre las partes involucradas y encontrar soluciones consensuadas tras semanas de tensión social.
Además, este episodio ha puesto en evidencia preocupaciones respecto a la calidad del combustible distribuido por YPFB y ha motivado un escrutinio más riguroso sobre sus controles internos y procesos de supervisión. La intervención judicial contra exfuncionarios subraya el compromiso estatal por sancionar posibles negligencias o actos irregulares dentro del organismo público encargado del suministro energético.
En paralelo, autoridades han señalado que parte del combustible importado presentaba niveles elevados pero dentro del límite permitido en cuanto a componentes químicos como la goma, lo cual añade complejidad al análisis técnico sobre las causas precisas del daño mecánico sufrido por los vehículos. Este detalle técnico forma parte del conjunto integral que se está investigando para evitar futuras crisis similares.
En definitiva, el caso refleja un esfuerzo conjunto entre instituciones públicas, sectores afectados y aseguradoras para abordar una problemática que impacta directamente en la economía cotidiana y movilidad urbana. La continuidad del proceso judicial y administrativo determinará responsabilidades concretas mientras se avanza hacia una solución justa para todos los perjudicados por esta situación
