En un acto celebrado el 4 de diciembre en El Alto, el presidente Luis Arce dirigió críticas hacia el sector agroindustrial, conocido popularmente como los cambitas, en respuesta a las quejas de los ciudadanos sobre el aumento de precios de productos básicos de la canasta familiar. Durante la inauguración de obras para la ampliación del sistema de alcantarillado en varios distritos de la ciudad, algunos asistentes expresaron su preocupación por la escalada de costos de alimentos, solicitando que se tomen medidas para estabilizar los precios.
Una de las voces que se escuchó entre la multitud fue la de una mujer que, entre saludos, pidió al presidente que interviniera para reducir el precio del arroz y el aceite, afirmando que habían aumentado considerablemente. Ante esta situación, Arce hizo referencia a eventos pasados, señalando que el sector agroindustrial estaba actuando de manera desleal, evocando los conflictos de 2007 y 2008, cuando se debatieron importantes cambios en las leyes de propiedad y uso de la tierra durante el gobierno de Evo Morales.
En esos años, el gobierno implementó restricciones a la exportación de aceites vegetales con el fin de controlar los precios internos, lo que provocó tensiones con empresarios del sector, como Branco Marinkovic, quien dominaba varias compañías oleaginosas.
Con el objetivo de abordar la situación económica, Arce presentó hace un mes el proyecto de Ley Financial para 2025, que incluye medidas para regular el comercio de alimentos. Esta normativa busca permitir a las autoridades competentes llevar a cabo controles y, en casos necesarios, confiscaciones de productos a aquellos comerciantes que intenten encarecer los precios.
La propuesta establece que todos los actores involucrados en la cadena de producción de alimentos deben presentar información sobre su actividad, la cual será considerada como declaración jurada y se manejará con la debida confidencialidad.
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, subrayó que la inclusión de estas medidas responde a las demandas de la ciudadanía que exige un sistema de control contra la especulación. Montenegro aclaró que la normativa no está dirigida contra los productores o intermediarios, sino contra aquellos que incurren en prácticas abusivas.
Por su parte, la Cámara Agropecuaria del Oriente y otras organizaciones del sector agroindustrial han manifestado su oposición a cualquier intento de confiscación por parte del Gobierno. El debate sobre el proyecto de presupuesto aún está pendiente en la Asamblea Legislativa, y Montenegro tiene programada una comparecencia para resolver inquietudes y facilitar su discusión
