La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha dado un paso significativo en la búsqueda de una transformación política y social en el país al promover y promulgar una ley de amnistía destinada a liberar a cientos de presos políticos. Este acto, realizado con gran énfasis en la televisión estatal, fue presentado por Rodríguez como un avance crucial hacia la construcción de una nación más democrática, justa y libre. En sus palabras, el proceso requiere el esfuerzo colectivo de toda la sociedad venezolana para lograr una verdadera reconciliación nacional.

Este anuncio se produce en un contexto donde, a pesar de la liberación condicional de 448 opositores tras la captura del expresidente Nicolás Maduro durante una incursión estadounidense a principios del año, aún permanecen encarcelados cerca de 650 presos políticos según datos proporcionados por la organización no gubernamental Foro Penal. La cifra representa un desafío persistente para el gobierno interino y pone en evidencia las complejidades que rodean la aplicación efectiva de la ley aprobada.

La aprobación por consenso en el Parlamento venezolano refleja una voluntad política que busca superar divisiones y avanzar hacia la estabilidad. Sin embargo, expertos y familiares de los detenidos han expresado dudas respecto al alcance real de esta legislación. La ley excluye explícitamente a muchos militares y policías acusados de actividades catalogadas como “terroristas”, lo que genera incertidumbre sobre si estos grupos podrán beneficiarse del proceso. Esta exclusión ha provocado sentimientos encontrados entre los familiares, quienes ven limitada la esperanza de ver liberados a sus seres queridos.

Un ejemplo palpable es el caso de Hiowanka Ávila, cuyo hermano Henryberth Rivas permanece detenido desde 2018 bajo acusaciones relacionadas con un intento fallido de magnicidio contra Maduro mediante drones. Para ella y otros familiares, la amnistía no representa una solución inmediata ni completa, lo que los lleva a esperar otras medidas como indultos para lograr la liberación total. La situación se agrava en centros penitenciarios como Rodeo I, ubicado a unos 40 kilómetros de Caracas, donde predominan detenidos militares o policías acusados por delitos graves relacionados con terrorismo.

El respaldo oficial a esta ley también ha sido pronunciado por altos mandos militares como Vladimir Padrino López, ministro de Defensa y general en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). En un comunicado oficial, Padrino destacó que esta legislación debe interpretarse como un signo de madurez política que contribuirá al logro de estabilidad nacional. La FANB juega un papel fundamental en el sostenimiento del actual régimen político conocido como Revolución Bolivariana y ha manifestado su lealtad incondicional hacia Rodríguez desde que esta asumió funciones tras el derrocamiento temporal de Maduro.

La promulgación formal del texto legal fue calificada por Rodríguez como un acto de grandeza política que implica reconocer errores pasados mediante actos simbólicos como pedir y recibir perdón. Esta dimensión humana busca enfatizar la importancia del diálogo y la reconciliación para superar años marcados por conflictos internos profundos.

No obstante, no todos los sectores han recibido con optimismo este avance legislativo. Familiares como Narwin Gil, cuya protesta incluyó una huelga de hambre frente a las instalaciones policiales conocidas como Zona 7 en Caracas, han manifestado impaciencia ante lo que consideran palabras sin acciones concretas. Las protestas iniciadas el 14 de febrero concluyeron con la aprobación formal de la amnistía, pero los familiares continúan esperando resultados tangibles que les permitan reunirse con sus seres queridos lo antes posible.

El proceso para acceder a los beneficios contemplados en la ley no es automático ni sencillo. Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal, señaló que los detenidos deben presentar solicitudes ante tribunales para ser considerados dentro del programa de amnistía. Este mecanismo ha sido uno de los puntos más controversiales dentro del debate parlamentario y ha generado críticas sobre posibles trabas burocráticas que podrían dilatar o impedir liberaciones efectivas.

Además, organizaciones defensoras como Acceso a la Justicia han señalado deficiencias estructurales graves en esta normativa que limitan su efectividad y alcance real. Estas observaciones ponen en evidencia tensiones internas sobre cómo implementar políticas penitenciarias más inclusivas que respondan adecuadamente al complejo panorama político venezolano.

En paralelo a estas medidas internas, figuras opositoras han experimentado cambios significativos en su situación judicial. Juan Pablo Guanipa, dirigente reconocido dentro del sector opositor cercano a María Corina Machado —ganadora del premio Nobel alternativo— recuperó su libertad plena luego de haber estado detenido nueve meses bajo acusaciones vinculadas con conspiración política. Su excarcelación se produjo tras permanecer brevemente detenido nuevamente desde febrero acusado por violar libertad condicional y luego bajo arresto domiciliario.

Este tipo de movimientos genera expectativas sobre posibles procesos similares para otros presos políticos y refleja las tensiones entre sectores gubernamentales e internacionales sobre cómo avanzar hacia una apertura política real. Sin embargo, voces críticas insisten en que cualquier proceso duradero debe incluir memoria histórica y responsabilidad para evitar repeticiones futuras.

La amnistía forma parte integral del ambicioso plan político promovido por Rodríguez que también contempla una mayor apertura al sector petrolero nacional e internacional así como un intento claro por mejorar las deterioradas relaciones diplomáticas con Estados Unidos después del quiebre ocurrido desde 2019. En este sentido, recientes gestos diplomáticos incluyen encuentros entre altos mandos militares venezolanos y representantes estadounidenses como el jefe del Comando Sur norteamericano.

En respuesta a estos avances internos y diplomáticos recientes, España anunció su intención ante la Unión Europea para solicitar el levantamiento progresivo o total de las sanciones impuestas contra Delcy Rodríguez y su gobierno interino. Este movimiento refleja cómo ciertas potencias internacionales comienzan a reconocer cambios positivos dentro del complejo escenario venezolano tras años marcados por confrontaciones políticas severas.

Finalmente, es importante destacar que Rodríguez gobierna bajo presiones constantes tanto internas como externas debido al legado dejado por Maduro pero también debido al delicado equilibrio entre fuerzas políticas locales e intereses internacionales involucrados en Venezuela pos-Maduro. La aprobación e implementación efectiva de esta ley será un termómetro importante para medir si realmente se avanza hacia un proceso democratizador genuino capaz además de generar estabilidad social después de años difíciles para millones de venezolanos afectados directa e indirectamente por encarcelamientos políticos masivos y crisis humanitarias consecutivas