El asesinato del juez de Sentencia en Villa Tunari, Wilber Marcial Cruz Araníbar, ocurrido recientemente, estaría relacionado con la negativa a liberar a un integrante de una red de secuestradores que opera en el Trópico de Cochabamba. Esta organización criminal mantiene vínculos con el Primer Comando de la Capital (PCC), según investigaciones preliminares.

El caso involucra a Remberto López, hermano de Nabor López, quien fue sentenciado y permanece detenido. Se señala que Remberto intentó mediante sobornos obtener su libertad o un traslado a un centro penitenciario de menor seguridad, debido a los riesgos que enfrentaba en la cárcel de Cantumarca, Potosí, por su proximidad a miembros del PCC. Inicialmente, el juez Cruz y una colega dictaron detención domiciliaria para él, pero la Fiscalía apeló esta decisión, logrando que se revoque la medida en una audiencia celebrada en el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.

La Sala Penal detectó irregularidades en la resolución, como el desconocimiento del domicilio donde Remberto debía cumplir la detención domiciliaria, lo que llevó a advertir a los jueces sobre posibles sanciones disciplinarias si persistían estas anomalías.

El abogado Ludwin Ledezma, quien ha seguido el caso, sostiene que el asesinato de Cruz fue ordenado por Ariel Villarroel, líder de la banda de secuestradores, como consecuencia de que el juez no cumplió con facilitar la liberación de Remberto López. Además, la nota dejada por los sicarios tras el ataque menciona a otra jueza, Cristina Terrazas, sugiriendo que también podría estar bajo amenaza.

Antes de estos hechos, Ledezma había denunciado ante instancias judiciales y de la Magistratura presuntos favoritismos de los jueces involucrados hacia delincuentes vinculados a secuestros y narcotráfico. Asimismo, días previos, en un video difundido en redes sociales, el abogado detalló la conexión entre la banda de los López y otros homicidios recientes, como el de Alfredo Rengipo Mérida, también vinculado a estos grupos criminales.

El ataque contra el juez ocurrió cuando él y su hijo se desplazaban en vehículo. Dos sicarios, presuntamente brasileños, los interceptaron y dispararon contra Cruz. Mientras el hijo intentaba auxiliarlo, los agresores dejaron una nota manuscrita con un mensaje amenazante. Cámaras de seguridad y testimonios indican que los asesinos tenían vigilado al magistrado incluso durante un evento escolar en el que participaba su hijo.

Tras el crimen, las autoridades realizaron allanamientos en la residencia y oficina del juez en Villa Tunari. Además, se implementaron medidas de protección para el hijo de Cruz y otras personas relacionadas con el caso, incluyendo posiblemente a la jueza Terrazas. El fiscal departamental de Cochabamba informó que las investigaciones continúan en busca de los responsables y para esclarecer los vínculos entre la banda criminal y el asesinato