Un violento enfrentamiento tuvo lugar en el municipio de Sorata, en La Paz, donde un contingente policial fue emboscado por un grupo de individuos que aparentemente había tomado el control de un campamento minero. Según el informe proporcionado por la Policía, los atacantes emplearon artefactos explosivos y dispararon armas de fuego contra los agentes, lo que resultó en una situación crítica para las fuerzas del orden.
El comandante de la Policía de La Paz, Juan Sotopeña, relató que durante el operativo de desalojo del campamento minero ilegal, los efectivos fueron recibidos con explosivos y disparos. “Producto de esta agresión tenemos un policía con herida de bala”, afirmó Sotopeña, subrayando la gravedad del ataque y la resistencia encontrada por parte de los ocupantes del campamento.
A pesar del despliegue inicial de 340 policías en la zona conflictiva, las fuerzas del orden se vieron obligadas a replegarse debido a la inseguridad imperante en la comunidad de Cocamillupaya. El comandante destacó que la situación geográfica del área, caracterizada por su accidentada topografía con quebradas, complicó aún más las acciones policiales. “Hemos sido emboscados por estas personas al momento de ingresar a esta cooperativa”, detalló.
El policía herido fue rápidamente asistido y trasladado a un centro médico cercano para recibir atención especializada. Este incidente ha elevado las preocupaciones sobre la seguridad en operaciones mineras y la capacidad del Estado para controlar situaciones de este tipo.
En respuesta a lo sucedido, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) emitió un comunicado condenando los actos violentos que consideran un ataque directo al accionar estatal y al cumplimiento normativo en el sector minero. La AJAM anunció que se procederá a informar a las instancias competentes sobre los hechos irregulares ocurridos y que se tomarán las acciones legales y administrativas pertinentes para abordar esta problemática.
La institución reafirmó su compromiso de ejercer un control efectivo sobre las actividades mineras, protegiendo así los recursos naturales del país y garantizando la seguridad jurídica en todo el territorio nacional. Este episodio resalta no solo los desafíos que enfrenta el Estado en el control de actividades ilegales, sino también la violencia que puede surgir en contextos donde hay intereses económicos en juego.
