En un operativo policial llevado a cabo en la ciudad de Santa Cruz, las autoridades lograron la aprehensión de siete ciudadanos extranjeros, cinco de nacionalidad colombiana y dos ecuatoriana, vinculados directamente con la investigación de la red criminal liderada por el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Este golpe a la organización criminal representa un avance significativo en los esfuerzos del Estado por desmantelar las estructuras dedicadas al tráfico ilícito de drogas que operaban en el país.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, detalló que los detenidos formaban parte del grupo de seguridad personal del capo narcotraficante. Durante el operativo, se incautaron uniformes de tipo militar, lo que refleja el grado de organización y el nivel de preparación con que contaba esta red para proteger sus actividades ilegales. La presencia de estos elementos sugiere que la banda no solo estaba dedicada al tráfico de estupefacientes, sino que también estaba preparada para enfrentar con violencia cualquier intento de intervención estatal o rivalidades internas.
Los aprehendidos fueron identificados individualmente, y según las primeras declaraciones obtenidas por las autoridades, se presume que tenían intenciones de iniciar acciones violentas dentro del territorio nacional. Sin embargo, este aspecto aún está bajo análisis y debe ser confirmado a través del proceso investigativo en curso. Un dato crucial revelado durante la intervención fue la responsabilidad asignada a estos extranjeros en la seguridad de un predio ubicado en Portachuelo donde funcionaba una pista clandestina utilizada para el envío internacional de cargamentos de cocaína. Esta instalación ilegal era un punto estratégico para la logística del narcotráfico, facilitando la exportación rápida y discreta de drogas hacia mercados externos.
El comandante general de la Policía, Mirko Sokol, anunció que las investigaciones se ampliarán para incluir a todas las personas que colaboraron con Marset. En este contexto, mencionó expresamente que se profundizarán las pesquisas sobre una exautoridad conocida bajo el alias “Sonia”, quien fue nombrada por el propio narcotraficante durante interrogatorios realizados en 2023. Esta referencia apunta a posibles complicidades dentro del aparato estatal o entre funcionarios públicos que habrían facilitado las operaciones del grupo criminal.
Las autoridades están actualmente analizando documentos y dispositivos electrónicos incautados durante los allanamientos con el propósito de reconstruir con mayor precisión la red de apoyo que permitió a Marset operar con relativa impunidad en Bolivia. Un hallazgo relevante fue el descubrimiento de más de diez cédulas de identidad bolivianas pertenecientes al uruguayo, las cuales están siendo sometidas a peritajes para establecer si son falsificadas o si fueron emitidas oficialmente por alguna entidad estatal. En caso de confirmarse una emisión irregular o fraudulenta por parte del Estado, se procederá a identificar y sancionar a los responsables involucrados.
Por otra parte, el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, confirmó que Sebastián Marset decidió declarar ante autoridades judiciales en Estados Unidos, aunque su abogado defensor en Uruguay haya negado esta versión. Esta declaración forma parte del marco legal estadounidense que permite reducir sanciones para aquellos imputados que colaboran con la justicia proporcionando información relevante sobre sus redes criminales. Las autoridades anticipan posibles revelaciones importantes en los próximos días que podrían facilitar nuevas detenciones y desmantelamientos dentro del entramado narcotraficante.
Desde la captura del narcotraficante el pasado 13 de marzo y su posterior entrega a las autoridades estadounidenses, el Gobierno boliviano ha intensificado sus esfuerzos para proteger tanto instituciones públicas como personas vinculadas directa o indirectamente con esta investigación. Como parte de estas medidas preventivas y operativas, ayer se llevó adelante un procedimiento policial en la sede del Comando Departamental en Santa Cruz, mientras los ciudadanos extranjeros detenidos serán presentados hoy ante un juez para definir su situación legal.
Este conjunto de acciones refleja un compromiso decidido por parte del Estado boliviano para enfrentar el crimen organizado transnacional y mitigar los efectos nocivos del narcotráfico sobre la seguridad interna y el desarrollo social del país. La cooperación internacional y la rigurosidad en las investigaciones serán fundamentales para desarticular completamente esta red criminal y evitar futuras amenazas derivadas de sus actividades ilícitas
