El Ministerio Público informó sobre la detención de nueve personas tras un violento enfrentamiento ocurrido en la zona del botadero de Cotapachi, en el municipio de Colcapirhua. El incidente, que tuvo lugar el lunes 8 de diciembre, dejó un saldo de dos fallecidos y aproximadamente 16 heridos, entre comunarios y policías.
Según el fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, el conflicto se originó en el contexto de una disputa limítrofe entre los municipios de Colcapirhua y Quillacollo. La Policía Boliviana estaba acompañando la ejecución de una sentencia constitucional que autorizaba el ingreso de camiones para el depósito de residuos en el relleno sanitario de Cotapachi.
Durante la intervención, grupos organizados generaron disturbios con el objetivo de impedir el cumplimiento de la orden judicial. En respuesta, las fuerzas policiales utilizaron agentes químicos y otros elementos disuasivos para controlar la situación, lo que derivó en la muerte de dos personas.
El Ministerio Público abrió dos procesos penales: uno relacionado con la tenencia y portación ilegal de armas, asociación delictuosa, organización criminal e instigación pública a delinquir; y otro específico por las muertes registradas en el lugar. Hasta el momento, ocho personas han sido aprehendidas en flagrancia portando objetos contundentes usados para confrontar a la policía. Además, tras la coordinación entre la Policía, el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y el Ministerio Público, se identificó y arrestó a un presunto autor del delito de homicidio, con pruebas materiales que respaldan su probable responsabilidad.
El subcomandante general de la Policía Boliviana, Juan Peña Rojas, indicó que el operativo se desarrolló conforme a una orden para desbloquear el botadero, sin inconvenientes durante el ingreso. No obstante, denunció que los efectivos fueron emboscados de manera planificada al retirarse, enfrentando ataques con artefactos explosivos, dinamita y petardos. Peña Rojas mencionó que días antes se había reportado una persona herida por manipulación de explosivos, lo que sugiere una preparación previa para el ataque.
Por otro lado, las investigaciones preliminares detectaron un uso indebido de bienes estatales durante los hechos, aspecto que también será objeto de investigación. El fiscal Tejerina hizo un llamado a las autoridades municipales y a los sectores movilizados a evitar acciones que alteren el orden constitucional, promoviendo la paz social y permitiendo que las instituciones realicen su trabajo de manera libre y transparente.
Actualmente, una comisión integrada por fiscales, representantes del Ministerio de Gobierno, la cúpula policial y organismos de Derechos Humanos trabaja para asegurar una investigación objetiva y clara. En las próximas horas se esperan nuevas imputaciones y medidas cautelares, mientras continúan las pericias técnicas y la recopilación de testimonios para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades penales en este grave episodio de violencia ocurrido en Cochabamba
