El juzgado agroambiental de Entre Ríos ha registrado un avance significativo en el proceso judicial relacionado con el proyecto petrolero en el área del Domo Oso X-3, ubicado en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía. En una reciente resolución, el tribunal incorporó formalmente a Petrobras Bolivia S.A. como litisconsorte pasivo necesario, consolidando así la participación de la empresa en el litigio ambiental que se ha desarrollado desde hace varios años. Al mismo tiempo, se declaró cumplida la orden dirigida a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que remitiera los antecedentes del contrato San Telmo Norte, lo cual implica que la documentación clave referente a la concesión y los acuerdos contractuales está ahora integrada al expediente judicial.

Este movimiento procesal es crucial porque completa la formalización de todas las partes involucradas en el conflicto, permitiendo al juzgado avanzar hacia una resolución de fondo sobre las controversias ambientales y legales que rodean al proyecto petrolero. Sin embargo, a pesar de estos avances administrativos, la pausa ambiental decretada para suspender temporalmente las actividades en el Domo Oso X-3 está próxima a vencer sin que se haya emitido una decisión definitiva por parte del tribunal. Esta medida cautelar fue inicialmente establecida por 30 días a mediados de enero y posteriormente ampliada por 10 días adicionales a solicitud del Procurador Hugo León La Faye, pero su conclusión inminente genera incertidumbre sobre el futuro inmediato del proyecto.

La petrolera Petrobras Bolivia S.A., representada legalmente por un equipo encabezado por Primitivo Gutiérrez Sánchez y respaldado por quince abogados, presentó un memorial de defensa en el que argumenta que todos los actos administrativos que autorizan el proyecto fueron emitidos por autoridades competentes y no fueron impugnados en los plazos legales correspondientes, lo que les confiere firmeza jurídica. La empresa sustenta su defensa en tres pilares fundamentales: primero, destaca que el contrato de servicios petroleros para el área San Telmo Norte fue aprobado mediante la Ley 1049 en 2018, lo cual confiere seguridad jurídica al acuerdo y hace improcedente una suspensión cautelar; segundo, señala que la licencia ambiental emitida por el Viceministerio de Medio Ambiente en julio de 2025 es válida y no fue objetada dentro del plazo establecido; tercero, sostiene que las certificaciones oficiales del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) y del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) determinan que el pozo DMO-X3 está ubicado fuera del perímetro oficial de la reserva natural y fuera de tierras indígenas originarias campesinas, lo cual implicaría una evaluación ambiental menos restrictiva.

Además, Petrobras defiende la validez del proceso de consulta pública realizado en enero de 2025 tanto en Entre Ríos como en la comunidad Saicán, presentando documentación notarial que certifica la participación comunitaria. Sin embargo, esta postura es rechazada categóricamente por las comunidades indígenas del cantón Chiquiacá, quienes aseguran que dicha consulta no cumplió con los estándares legales ni sociales para ser considerada válida. Según estas comunidades, solo un reducido grupo de dirigentes sin mandato legítimo fue contactado durante ese proceso y existe un rechazo mayoritario al proyecto evidenciado mediante votos resolutivos y actas oficiales.

En cuanto a la medida cautelar vigente sobre el proyecto petrolero, Petrobras solicita su levantamiento bajo el argumento de que no existe evidencia concreta ni inminente de daño ambiental real. La empresa cuestiona los fundamentos presentados por el Defensor del Pueblo Pedro Callisaya, indicando que sus pruebas se basan principalmente en informes propios y referencias periodísticas sin soporte técnico sólido. En caso contrario a esta solicitud, Petrobras exige una contracautela destinada a cubrir los costos operativos detenidos por esta suspensión temporal, incluyendo salarios del personal, depreciación de maquinaria e ingresos fiscales para el Estado boliviano.

Por otra parte, la Vicepresidencia Constitucional cumplió con remitir al juzgado toda la documentación legislativa requerida sobre el contrato San Telmo Norte. Esta entrega incluyó copias legalizadas de la Ley 1049/2018; resoluciones parlamentarias; informes técnicos elaborados por comisiones legislativas; así como el contrato firmado entre YPFB, Petrobras Bolivia S.A. y YPFB Chaco. El juzgado consideró válida esta presentación formalizando aún más las pruebas documentales dentro del expediente.

No obstante estos avances formales procesales, varios aspectos sustantivos planteados por la Acción Ambiental Precautoria promovida por el Defensor del Pueblo permanecen sin resolución definitiva. Entre ellos figura la solicitud para realizar una nueva consulta pública bajo estándares internacionales más rigurosos; un informe técnico sobre la idoneidad y legitimidad del proceso consultivo realizado en 2025; una revisión exhaustiva sobre la categorización ambiental asignada al pozo DMO-X3; además de un análisis actualizado sobre el estado legal y territorial de los predios involucrados proporcionado por el INRA. Varias instituciones estatales encargadas emitir estos informes —Ministerio de Hidrocarburos, Ministerio de Medio Ambiente, SERNAP e incluso Fiscalía— habrían incumplido los plazos establecidos para entregar sus reportes al juzgado según denuncias formuladas por el Comité de Defensa de Tariquía.

La audiencia pública inicialmente prevista para mediados de febrero fue suspendida indefinidamente ante estas demoras e incertidumbres procesales. Ante este escenario incierto y próximo al vencimiento del plazo cautelar sin definiciones claras ni favorables para las comunidades afectadas, líderes sociales han anunciado que retomarán las movilizaciones y vigilia permanente con demandas claras para anular los contratos petroleros vigentes.

El conflicto socioambiental alrededor del área protegida Tariquía tiene raíces profundas desde 2018 cuando comenzaron las primeras exploraciones petroleras autorizadas para esa zona protegida. El pozo Domo Oso X-3 representa ya la tercera tentativa exploratoria tras los intentos fallidos previos con los pozos X1 y X2 donde las comunidades lograron detener físicamente las operaciones mediante bloqueos y protestas sociales.

El pasado enero marcó un punto álgido cuando un convoy conformado por trece vehículos escoltados por cuarenta efectivos policiales logró superar uno de estos puntos críticos —la vigilia ubicada en Quebrada Las Vacas— permitiendo así temporalmente el acceso empresarial al área objeto del conflicto. Este hecho desencadenó inmediatamente una acción judicial ambiental promovida ante el juzgado agroambiental local cuyo desarrollo sigue siendo clave para definir si se mantiene o revoca definitivamente cualquier actividad relacionada con este polémico proyecto petrolero dentro de una reserva natural considerada vital para diversas comunidades indígenas originarias campesinas así como para importantes ecosistemas protegidos.

En resumen, mientras avanzan formalmente algunas etapas procesales administrativas con incorporación plena tanto estatal como empresarial al juicio ambiental contra Petrobras Bolivia S.A., persisten múltiples interrogantes fundamentales sobre aspectos técnicos ambientales y sociales pendientes aún sin respuesta ni definición judicial clara. La tensión entre intereses económicos vinculados a actividades extractivas hidrocarburíferas por un lado, y derechos colectivos territoriales junto con protección ambiental efectiva por otro lado continúan marcando este complejo escenario legal y comunitario cuya resolución tendrá impactos directos sobre las poblaciones locales afectadas así como sobre políticas públicas relacionadas con conservación ambiental e inversión energética nacional