El principal candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, ha delineado una serie de propuestas clave para la gestión económica y administrativa del país. Entre ellas, destaca la intención de restablecer el bolsín del Banco Central de Bolivia (BCB) después del 8 de noviembre, una medida diseñada para incentivar el flujo de la moneda estadounidense en la economía nacional. Paz enfatizó que los dólares certificados que ingresen a través del BCB se destinarán prioritariamente a la producción, no al gasto estatal, subrayando la importancia de una colaboración estratégica entre el gobierno y el sector empresarial para fomentar un entorno productivo competitivo, lo que implicaría ajustes significativos en la asignación de recursos.

En cuanto a la distribución de recursos, el candidato propuso un esquema de 50% para el poder central y 50% para las regiones. Esta distribución se implementaría una vez que se logre una reestructuración del Estado, transfiriendo tanto los recursos económicos como las competencias a las entidades subnacionales, es decir, municipios y gobernaciones. La finalidad de esta descentralización es asegurar que las determinaciones y los recursos, tanto humanos como económicos, se gestionen a nivel local, empoderando a las autoridades regionales para atender las necesidades de sus comunidades sin depender excesivamente del centralismo.

El binomio Paz-Pareira ha comprometido la entrega de recursos a los niveles subnacionales con el objetivo de lograr una aplicación plena de la autonomía. No obstante, este proceso enfrenta el desafío de la reforma autonómica pendiente en varios departamentos. Cabe recordar que en el referéndum autonómico de septiembre de 2015, cinco departamentos —Cochabamba, Oruro, Chuquisaca, La Paz y Potosí— votaron en contra de la adopción de sus estatutos autonómicos.

Finalmente, Rodrigo Paz se ha mostrado a favor de la legalización de los vehículos indocumentados, conocidos popularmente como chutos. Argumenta que estos automóviles ya consumen gasolina y diésel subsidiados por el Estado sin contribuir con impuestos. La propuesta contempla un proceso de regularización con un plazo definido. Una vez legalizados, estos vehículos operarían con total libertad, y se buscaría facilitar el proceso a través de empresas importadoras, a las que se les otorgarían ventajas específicas