Al asumir la presidencia de Bolivia, Rodrigo Paz delineó un ambicioso programa centrado en la restauración nacional, la lucha contra la corrupción y la promoción de la unidad entre los ciudadanos. Su discurso inaugural enfatizó la necesidad de exigir rendición de cuentas a quienes, según sus palabras, desviaron fondos públicos por sumas millonarias, comprometiéndose a defender los intereses de los sectores más vulnerables del país.
El nuevo mandatario describió el estado actual de la nación como una situación crítica, resultado de la gestión previa. Señaló una economía en colapso, con los niveles más bajos de reservas internacionales en tres décadas, acompañada de una inflación rampante, desabastecimiento crítico, una deuda considerable, la erosión de la confianza pública y una administración estatal inoperante. Paz atribuyó esta coyuntura, que calificó como la más adversa de los últimos cuarenta años, a la administración del Movimiento Al Socialismo (MAS), responsabilizando directamente a los expresidentes Evo Morales y Luis Arce por el deterioro económico y moral del país.
Acusó a las administraciones anteriores de traicionar la confianza pública, señalando un gasto de 60.000 millones de dólares provenientes del gas y una herencia de 40.000 millones de dólares en deuda. Interrogó sobre la gestión de recursos estratégicos como el gas y el litio, cuestionando las promesas de abundancia gasífera no materializadas. En este contexto, el presidente Paz hizo un llamado a la cohesión social, rechazando las divisiones ideológicas que, a su juicio, han exacerbado el racismo, los conflictos regionales y la desinformación. Proclamó una nueva era para Bolivia, una nación abierta al mundo, liberada de ideologías fallidas y del aislamiento.
Paralelamente a estos anuncios internos, el nuevo gobierno boliviano ha iniciado un proceso de normalización de sus relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Tras una reunión entre el presidente Paz y el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, se confirmó la intención de restablecer las relaciones a nivel de embajadores, una situación que había estado suspendida desde el año 2008. Landau expresó la importancia de este paso, destacando lo inusual de la ausencia de embajadores en ambas capitales y manifestando la esperanza de que los nombramientos se realicen prontamente. La interrupción de estas relaciones en 2008 se produjo después de que Bolivia declarara persona no grata al entonces embajador estadounidense Philip Goldberg, alegando injerencia en asuntos internos, a lo que Estados Unidos respondió de manera recíproca, expulsando al embajador boliviano Gustavo Guzmán.
En el ámbito económico doméstico, el equipo gubernamental informó sobre medidas inmediatas para abordar la escasez de combustible. Se comunicó que más de novecientas unidades de transporte de combustible se encuentran en ruta a lo largo del país, con el fin de iniciar la distribución y mitigar el desabastecimiento que ha afectado a diversas regiones
