Tras las recientes acusaciones formuladas por el vicepresidente Edmand Lara en contra de Jorge García Pinto, quien había sido nombrado para dirigir el Ministerio de Justicia, el presidente Rodrigo Paz anunció la decisión de clausurar dicha cartera ministerial. Esta determinación implicará una modificación en el decreto que estableció la estructura inicial del gabinete presidencial.
En una declaración improvisada, el mandatario señaló que la propuesta de cerrar el Ministerio de Justicia surgió del propio García Pinto y que aceptó el desafío de inmediato, cumpliendo así una promesa realizada durante la campaña electoral. Paz enfatizó que con esta medida se busca erradicar cualquier forma de persecución política en el país, afirmando que el ministerio “ha muerto” y será “enterrado definitivamente”.
La situación se desencadenó luego de que el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informara sobre la imposibilidad de que Freddy Vidovic continúe como funcionario público debido a una sentencia ejecutoriada en su contra. Posteriormente, se emitió el decreto presidencial 5491 que designaba a García Pinto como nuevo ministro de Justicia. Sin embargo, poco después de esta designación, el vicepresidente Lara difundió un video en el que denunciaba que el nuevo titular enfrentaba al menos seis procesos legales pendientes.
El Gobierno había programado la ceremonia de posesión para las 13:00 horas, pero esta no se llevó a cabo. Más tarde, a las 15:00, el presidente Paz apareció acompañado por García Pinto para anunciar el cierre del ministerio, dejando en suspenso la posesión formal del nuevo ministro. Hasta el momento, no se ha informado quién se encargará de supervisar el proceso de cierre ni cómo se distribuirán las responsabilidades de los viceministerios afectados.
Durante la conferencia, el presidente evitó responder preguntas y dejó que García Pinto se pronunciara sobre las acusaciones realizadas por el vicepresidente desde Brasil. El abogado rechazó las denuncias, calificándolas como un abuso de poder y difamación, y demandó que se presenten pruebas conforme al debido proceso penal. Además, adelantó que iniciará acciones legales para defender su honor y derechos constitucionales, subrayando que, aunque los abogados pueden ser objeto de denuncias, estas deben estar debidamente fundamentadas y probadas
