El presidente Rodrigo Paz manifestó su preocupación por el elevado ingreso anual de un grupo reducido de dirigentes sindicales que participan en la marcha convocada por la Central Obrera Boliviana (COB), en protesta contra el Decreto Supremo 5503. Según sus declaraciones, estos 50 líderes sindicales perciben ingresos que superan el presupuesto anual de más de 200 municipios del país.
Durante la inauguración del año judicial en Sucre, el mandatario señaló que estos dirigentes acumulan alrededor de 18 millones de dólares anuales, cifra que contrasta con los recursos asignados a numerosos municipios bolivianos, que no alcanzan ese monto. Paz calificó esta situación como una injusticia y cuestionó la lógica que ha permitido que, durante dos décadas, se hayan mantenido estos pagos, lo que, a su juicio, ha permitido que ciertas organizaciones “secuestren” al Estado bajo la bandera de la representación social.
El presidente enfatizó la necesidad de transparentar y liberar al Estado de estas prácticas, asegurando que no retrocederá en su compromiso de impulsar cambios para evitar que se repitan situaciones que, según él, han perjudicado al país y limitado la libertad de expresión.
En cuanto a los aportes sindicales, Paz anunció que su administración implementará modificaciones para eliminar la obligatoriedad de los mismos, proponiendo que las contribuciones sean voluntarias. Argumentó que los recursos actuales se destinan a acciones que afectan la democracia, las instituciones y la estabilidad social, por lo que exigió que los dirigentes rindan cuentas ante la justicia y la sociedad.
Por su parte, la Central Obrera Boliviana mantiene una movilización que inició en Calamarca y culminó en La Paz, demandando la derogación del Decreto Supremo 5503, que entre otras medidas, suprime la subvención a los combustibles. El secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, afirmó que permanecerán en la sede de gobierno hasta lograr que se anule esta normativa.
El presidente Paz también criticó la postura de quienes defienden la idea de que “Bolivia no se vende”, señalando que, en su opinión, el país ya fue entregado a grupos económicos que se han beneficiado durante los últimos 20 años, dejando a Bolivia en una situación de pobreza y falta de perspectivas
