En medio de las protestas convocadas por la Central Obrera Boliviana (COB) y otros sectores sociales, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, defendió las acciones implementadas por su administración para afrontar la crisis económica, destacando especialmente el Decreto Supremo 5503. El mandatario reafirmó su postura firme y aseguró que no retrocederá en las medidas adoptadas.

Durante sus declaraciones, Paz denunció que un grupo de 50 dirigentes sindicales le solicitó asignaciones presupuestarias, sin detallar el uso de dichos recursos. Según afirmó, estos líderes sindicales reciben anualmente más de 18 millones de dólares, beneficiándose de privilegios ligados a sus cargos.

Esta denuncia se produce en vísperas de una reunión de diálogo programada para el lunes, a la que el Gobierno convocó a representantes de la COB, del sector educativo y campesino, quienes rechazan el mencionado decreto que elimina subsidios y establece nuevas disposiciones económicas.

El presidente enfatizó que, frente a las demandas de aumento salarial por parte de estos dirigentes, su Gobierno mantendrá una postura firme. “No daré un paso atrás, sino que avanzaré con determinación”, afirmó, haciendo alusión a la necesidad de enfrentar la situación con valentía y sin temor.

Asimismo, hizo un llamado a la justicia para actuar con transparencia y firmeza, evitando que se repitan situaciones que limiten la libertad de expresión y el desarrollo del país. Paz subrayó que la prioridad de su gestión es la recuperación y reconstrucción nacional, con especial atención a la estabilización económica y la protección de los sectores más vulnerables, afectados principalmente por la inflación.

Reconoció que las medidas adoptadas son estrictas, pero necesarias para detener el aumento de precios y comenzar un proceso de recuperación económica que beneficie a toda la población. Agradeció además el respaldo del gabinete ministerial ante las consecuencias que estas decisiones implican.

El mandatario criticó la disparidad económica existente, señalando que mientras 50 dirigentes sindicales manejan ingresos que superan los 18 millones de dólares al año, más de 200 municipios cuentan con presupuestos inferiores a esa cifra, lo que calificó como una injusticia.

Finalmente, Paz acusó a ciertos sectores sindicales de obstaculizar el desarrollo del país y aseguró que su Gobierno trabajará para liberar al Estado de estas influencias, siempre basándose en la verdad y el compromiso con la población