El presidente Rodrigo Paz Pereira anunció que todos los ministros del gabinete contarán con firma digital para desempeñar sus funciones y tomar decisiones desde cualquier lugar, ya sea dentro del país o en el extranjero, como parte de una nueva modalidad de gobierno a distancia promovida por el Ejecutivo. Este anuncio se realizó en el marco de la presentación de un programa de cooperación para Inlasa y generó debate debido a los decretos que autorizan el uso de tecnologías digitales en la gestión gubernamental.
El mandatario destacó que su rol es representar al país y que las tecnologías actuales permiten que esta representación no requiera presencia física, gracias a la firma digital. Rechazó que este mecanismo implique procesos ilegales y defendió su uso para agilizar la toma de decisiones urgentes.
Paz Pereira aclaró que la firma digital no estará restringida únicamente a la presidencia, sino que se extenderá a todos los ministros. Puso como ejemplo que, si el canciller o el ministro de Economía se encuentran en eventos internacionales como Davos, no será necesario esperar su regreso para firmar documentos o resolver asuntos urgentes, evitando así la paralización administrativa y mejorando la capacidad de respuesta del Estado.
El presidente recordó que durante su reciente viaje a Asunción utilizó su firma digital y que, en caso de una emergencia, podría haber firmado desde esa ciudad. Asimismo, indicó que este mecanismo se aplicará cuando las autoridades se encuentren en regiones alejadas del centro político, con el propósito de superar la tradicional centralización en la gestión pública.
La implementación de esta modalidad está respaldada por el Decreto Supremo 5515, emitido a finales de diciembre, que permite al presidente ejercer sus funciones mediante medios tecnológicos cuando se encuentre temporalmente fuera del territorio nacional. Además, el Decreto Supremo 5519 asigna a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC) la responsabilidad de implementar el “Despacho Virtual del Presidente” y del Consejo de Ministros, estableciendo un canal oficial de comunicación digital con altos estándares de seguridad.
Este decreto también redefine la estructura institucional del Gobierno Electrónico, ordenando el cierre gradual de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia (ADSIB), que dependía de la Vicepresidencia, y concentrando las funciones relacionadas con la firma digital y la certificación electrónica en la AGETIC, entidad bajo la supervisión del Ministerio de la Presidencia. Según el Ejecutivo, estas medidas buscan optimizar la eficiencia, coordinación y control técnico en la administración digital estatal.
No obstante, la decisión ha generado tensiones políticas dentro del propio Ejecutivo. Desde Cochabamba, el vicepresidente Edmand Lara calificó como inconstitucional el decreto que habilita el gobierno a distancia y advirtió que el presidente deberá responder por las consecuencias de esta medida. Estas críticas evidencian una fractura política que contrasta con el papel constitucional del vicepresidente de apoyar la gestión presidencial.
Desde el Gobierno se sostiene que la extensión del uso de la firma digital a todo el gabinete no modifica el marco legal ni reemplaza las instituciones, sino que moderniza la administración pública y garantiza la continuidad operativa del Estado. En este contexto, el Ejecutivo busca consolidar un modelo de gobierno digitalizado, con capacidad para tomar decisiones inmediatas y menor dependencia de la presencia física de sus autoridades

