La expectativa ciudadana por un incremento en el peso del pan de un boliviano ha cobrado fuerza, impulsada por la reciente disminución en los precios de la harina y otros componentes esenciales para su elaboración. Esta demanda surge en un contexto donde el pan de un boliviano había visto su peso reducirse de noventa a cincuenta gramos en meses anteriores.
Representantes de la Defensa del Consumidor han subrayado que los costos de producción han experimentado una baja significativa, estimada entre un treinta y un cuarenta por ciento. A modo de ejemplo, el precio del quintal de harina ha pasado de quinientos a trescientos treinta bolivianos, mientras que el azúcar ha descendido de trescientos veinte a doscientos noventa bolivianos. Ante esta situación, la entidad de protección al consumidor, en colaboración con diversas organizaciones vecinales, ha instado al sector panificador a revisar el peso del producto, argumentando que la disminución en el costo de las materias primas debería traducirse en un beneficio para los consumidores.
En una reciente inspección de control de peso del pan, llevada a cabo por la Federación de Juntas Vecinales y la Defensa del Consumidor en el Mercado Central, los comerciantes mostraron resistencia a los operativos, aduciendo que el producto les es entregado por los productores. Tras la insistencia de las autoridades, se constató que el pan de un boliviano no se encuentra disponible para la venta en dicho mercado; en su lugar, se comercializan dos unidades por dos bolivianos con cincuenta centavos, cuyo peso oscila entre setenta y setenta y cinco gramos.
Desde la Asociación de Panificadores de San Lorenzo, se ha rechazado la solicitud de incrementar el peso del pan. El gremio argumenta que los costos de los insumos son volátiles y no existen garantías de estabilidad que permitan asegurar un aumento sostenido del gramaje. Asimismo, han expresado que la entidad de protección al consumidor carece de autoridad moral para exigir un incremento, dado que, en su momento, no intervino para reducir el precio de la harina, siendo los propios panificadores quienes gestionaron las negociaciones con las molineras para lograr la reducción de los costos.
El sector panificador ha enfatizado que tanto el tamaño como el precio del pan deben ser resultado de un análisis exhaustivo de la hoja de costos de producción. Han calificado de irresponsable depender de la fluctuación del peso argentino, advirtiendo sobre el riesgo de que una eventual revalorización de la moneda del país vecino provoque nuevamente un incremento en los productos importados, reabriendo así un debate ya superado. La decisión sobre cualquier ajuste en los costos, según el gremio, corresponde a una autoridad competente y a un ampliado orgánico del sector.
Se anticipa que, durante el próximo mes de octubre, las asociaciones panificadoras afiliadas a nivel departamental se reunirán para establecer una postura oficial, consensuada con sus bases, y definirán las nuevas propuestas a presentar ante las autoridades electas
