En una inesperada rueda de prensa realizada la noche del miércoles, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, reveló que el titular de Justicia, Freddy Alejandro Vidovic, cuenta con una sentencia firme que lo condena a tres años de prisión por delitos relacionados con favorecimiento a la evasión y cohecho activo, entre otros cargos. Esta información ya fue comunicada al presidente Rodrigo Paz, quien deberá decidir las medidas a tomar al respecto.
Al ser consultado sobre la continuidad de Vidovic en su cargo, Oviedo fue categórico al afirmar que, debido a la sentencia ejecutoriada, el ministro no está habilitado para ocupar funciones públicas, dado que la condena implica la suspensión de sus derechos ciudadanos.
La información surgió tras una directiva del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, que ordenó verificar los antecedentes judiciales del ministro de Justicia. Según explicó Oviedo, la documentación oficial confirma que en mayo de 2015, el juez primero de Instrucción en lo Penal Cautelar de La Paz, Román Cordero, dictó un procedimiento abreviado que culminó en la condena de Vidovic, establecida en la resolución 192/2025.
El ministro de Gobierno detalló que Vidovic renunció voluntariamente a la apelación restringida, lo que hace que la sentencia sea definitiva y ejecutoriada. Esta situación conlleva la privación de derechos civiles, como el derecho a elegir y ser elegido, lo que imposibilita a Vidovic para desempeñar cargos públicos.
Un aspecto que llamó la atención de Oviedo fue la ausencia de esta información en el Registro de Reincidencia y Antecedentes Penales (Rejap), lo que será objeto de una investigación adicional.
La noticia ha generado un fuerte impacto político, dado que involucra a un miembro del gabinete presidencial. Por ahora, el ministro de Gobierno evitó emitir más comentarios y señaló que la decisión final corresponde al presidente Paz. Se espera que en las próximas horas se defina la situación de Vidovic, en medio de presiones políticas y cuestionamientos desde distintos sectores.
Por su parte, días antes de esta revelación, Freddy Vidovic difundió un comunicado en el que defendió su actuación y explicó que el procedimiento abreviado al que fue sometido no implicó una admisión de culpabilidad, sino una medida tomada bajo presión en un contexto de persecución política durante el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS).
Vidovic señaló que en 2015, en su calidad de abogado junto al jurista Jorge Valda, defendía a un ciudadano peruano que solicitaba refugio político en Bolivia, en el conocido caso Belaunde. Según su relato, tanto el solicitante como sus defensores fueron objeto de detenciones ilegales y torturas, en violación de los principios internacionales de protección al refugiado.
El ministro aseguró que durante su detención fue obligado a firmar documentos en blanco y que muchos se vieron forzados a aceptar procedimientos abreviados mediante coacción y chantaje como única forma de recuperar la libertad y proteger sus vidas.
Vidovic enfatizó que nunca causó daño al Estado y que su único “delito” fue ejercer la defensa de los derechos humanos, denunciando que fue víctima de un patrón sistemático de persecución contra abogados críticos del gobierno anterior. Asimismo, manifestó que sufrió torturas y persecución, al igual que otros ciudadanos que no sobrevivieron a esos abusos
