Autoridades judiciales en Oruro están llevando a cabo investigaciones contra funcionarios y pasantes del Poder Judicial por el presunto delito de uso indebido de bienes y servicios públicos, tras detectarse consumo de bebidas alcohólicas dentro de sus dependencias laborales. Se registraron dos incidentes: uno vinculado a la oficina de Derechos Reales y otro en un juzgado civil y comercial.
El fiscal departamental de Oruro informó que el Ministerio Público abrió procesos penales en ambos casos, debido a que los implicados habrían consumido alcohol en espacios institucionales, lo que constituye una infracción a las normativas administrativas y legales vigentes para el ejercicio de la función pública. Durante las diligencias, se recogió evidencia material, incluyendo botellas y recipientes con bebidas alcohólicas, además de realizar pruebas de alcoholemia que confirmaron la presencia de alcohol en los involucrados mientras desempeñaban sus funciones.
En el primer caso, agentes de la División Anticorrupción encontraron envases con alcohol en la oficina de la subregistradora de Derechos Reales, una mujer de 39 años identificada como Nayda D. A. R., quien resultó positiva en la prueba de alcoholemia con un nivel de 0,50 mg/l. La evidencia fue asegurada y trasladada al Ministerio Público, mientras que el juez dictó medidas cautelares que incluyen presentación periódica, arraigo, fianza económica y restricción de contacto con testigos.
Por otro lado, en el Juzgado Público Civil y Comercial N.º 12, personal de Control y Fiscalización detectó a seis personas consumiendo bebidas alcohólicas. Cuatro de ellas fueron remitidas al Ministerio Público, entre ellas la secretaria Iveth Z. Z. A., de 28 años, quien también dio positivo en la prueba de alcoholemia con 0,32 mg/l, junto con tres pasantes de entre 24 y 27 años que igualmente arrojaron resultados positivos. La secretaria enfrenta imputación y medidas personales similares a las del primer caso, mientras que los pasantes, al no ser funcionarios públicos, fueron puestos a disposición del juez para su seguimiento legal. Además, se investiga la identidad de otros participantes que no forman parte del personal oficial.
El fiscal enfatizó que continuarán con la investigación de cualquier conducta irregular dentro de las oficinas públicas y judiciales que sea denunciada, subrayando el impacto negativo de estos actos en la función pública y la confianza ciudadana. Asimismo, se coordinará con el Consejo de la Magistratura para aplicar las sanciones administrativas pertinentes, con el objetivo de fortalecer los controles internos y garantizar el correcto desempeño de los servidores públicos
