El sistema judicial boliviano se prepara para un proceso de reforma integral, con la convocatoria a un diálogo interinstitucional impulsado por el Órgano Judicial. Esta iniciativa surge en un contexto de desafíos significativos para la administración de justicia en el país, incluyendo la insuficiencia de recursos financieros.
La máxima autoridad de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia confirmó que esta invitación a la concertación responde a los lineamientos estratégicos definidos por la institución. El objetivo es abordar la crisis actual que atraviesa la justicia, mediante un análisis profundo y colaborativo.
El diálogo se estructurará en torno a ejes temáticos fundamentales, entre los que se destacan la consolidación de la carrera judicial, la modernización a través de la informatización de procesos y, de manera crucial, la revisión y asignación presupuestaria. Se prevé la participación de diversas entidades vinculadas al ámbito jurídico, incluyendo al Colegio Nacional de Abogados y al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia.
Inicialmente, se había contemplado el 9 de noviembre como fecha para este encuentro. Sin embargo, es altamente probable que esta programación se modifique. La razón principal reside en la investidura del presidente electo, Rodrigo Paz Pereira, programada para el 8 de noviembre, evento que congregará a múltiples personalidades internacionales. La presencia del mandatario electo en las discusiones sobre la reforma judicial se considera de vital importancia, lo que hace necesario ajustar el calendario para asegurar su participación.
Desde el Órgano Judicial, se enfatiza la convicción de que este proceso de diálogo interinstitucional debe ser liderado por la propia judicatura. Se ha subrayado la necesidad imperante de debatir la asignación presupuestaria, argumentando que la independencia judicial, un pilar fundamental del Estado, está intrínsecamente ligada a la suficiencia y autonomía de sus recursos económicos. Se recordó que el Órgano Judicial ostenta el mismo nivel jerárquico que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Electoral, conforme a la Constitución. No obstante, no se precisaron cifras sobre el presupuesto actual ni el monto considerado adecuado.
Las limitaciones presupuestarias tienen un impacto directo y palpable en la provisión de servicios judiciales a nivel local. El presidente del Tribunal de Justicia de Tarija ha reconocido la marcada insuficiencia de fondos y la urgencia de un incremento sustancial para optimizar las condiciones de la administración de justicia y expandir la red de juzgados en el departamento. Como ejemplo, se mencionó que los habitantes de municipios como El Puente y Yunchará deben trasladarse hasta San Lorenzo para acceder a servicios judiciales, una situación que, bajo el actual esquema presupuestario, impide la creación de nuevas sedes judiciales más cercanas a la ciudadanía
