Tras la conclusión del Carnaval, el gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira inició un proceso de evaluación que ha puesto en primer plano la eliminación de la subvención a la gasolina y al diésel, una medida impulsada mediante el Decreto Supremo 5516. Este cambio ha sido recibido con aprobación tanto por parte del oficialismo como de la oposición, destacándose como uno de los logros más significativos en los primeros cien días de gestión presidencial.
No obstante, el análisis integral del desempeño del Órgano Ejecutivo revela una serie de observaciones y demandas orientadas a enfrentar la compleja crisis económica que atraviesa el país. Entre las principales preocupaciones se encuentran la necesidad de estabilizar el tipo de cambio, poner fin a los interinatos que afectan a diversas entidades públicas y proceder al cierre de empresas estatales consideradas “inservibles”, con el fin de optimizar el funcionamiento estatal y fortalecer la institucionalidad.
Desde el Gobierno se ha resaltado que se han realizado avances importantes en materia económica, destacando no solo la eliminación de las subvenciones a los carburantes sino también esfuerzos por estabilizar el tipo de cambio. Además, se ha llevado a cabo un intenso trabajo diplomático para generar apoyo internacional ante organismos financieros multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Asimismo, potencias globales como la Unión Europea y Estados Unidos han manifestado interés en colaborar con esta nueva fase que busca revitalizar la economía nacional.
Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar. La oposición ha señalado que el Estado continúa operando bajo leyes heredadas del régimen anterior del Movimiento al Socialismo (MAS), evidenciando una falta de renovación legislativa acorde con los nuevos desafíos. Un ejemplo claro es que actualmente se administra el país aún bajo la Ley del Presupuesto General del Estado diseñada durante la gestión del expresidente Luis Arce, lo que genera cuestionamientos sobre la capacidad para implementar un cambio profundo en las políticas económicas.
El expresidente Jorge Tuto Quiroga ha sido enfático al señalar que, más allá de la eliminación de las subvenciones a los combustibles, no existe ninguna otra medida significativa aprobada en materia económica durante este período inicial. Critica además la pasividad del Ejecutivo ante la ausencia total de proyectos de ley encaminados a consolidar un cambio real en el modelo económico vigente. Para Quiroga es imprescindible avanzar hacia una renovación legislativa que incluya nuevas normativas fundamentales como una Ley de Hidrocarburos actualizada, un nuevo Código Minero, reformas tributarias y una nueva Ley Agropecuaria. Además, insiste en designar por méritos profesionales capacitados para ocupar cargos clave dentro del aparato estatal.
En este mismo sentido, hace un llamado urgente a acabar con los interinatos prolongados en instituciones cruciales como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Aduana Nacional, Servicio Nacional de Impuestos, Contraloría General del Estado, Procuraduría General y Banco Central de Bolivia (BCB). Según Quiroga, perpetuar estas situaciones solo contribuye a mantener prácticas administrativas heredadas del MAS sin propiciar verdaderos cambios estructurales.
Por su parte, Samuel Doria Medina, líder político aliado al gobierno actual y excandidato presidencial, ofrece una valoración más positiva sobre estos primeros cien días. Destaca cuatro medidas esenciales adoptadas hasta ahora para enfrentar la crisis económica: primero, la eliminación paulatina y ordenada de las subvenciones a carburantes sin generar conflictos sociales graves; segundo, la liberación progresiva de las exportaciones; tercero, un esfuerzo por reducir el déficit fiscal; y cuarto, una estabilización relativa del tipo de cambio. Sin embargo, reconoce que aún quedan aspectos pendientes que requieren acciones contundentes para consolidar estos avances.
Doria Medina conceptualiza su evaluación dentro del ámbito económico-financiero e identifica que aproximadamente un 60% del trabajo necesario para estabilizar esta área ya está avanzado. El restante 40% debería concentrarse en adoptar medidas adicionales como implementar un régimen cambiario flotante más flexible, intensificar la lucha contra la inflación persistente y proceder al cierre o reestructuración profunda de empresas estatales consideradas ineficientes o “inservibles”. Enfatiza asimismo que esta etapa inicial ha permitido a la población experimentar “el sabor del cambio”, lo cual debe ser aprovechado para construir un modelo económico híbrido y pragmático. Este nuevo modelo debe distanciarse tanto del dogmatismo anterior como del prolongado predominio ideológico impuesto por casi dos décadas por el MAS.
El debate sobre los primeros cien días también involucra a candidatos regionales y figuras políticas locales. Por ejemplo, Juan Pablo Velasco, candidato a gobernador por Libre en Santa Cruz, reconoce algunas acciones positivas emprendidas por Paz pero cuestiona si su equipo ministerial está plenamente preparado para afrontar los retos actuales. Sugiere que ciertos ministros podrían no estar “a la altura” para acompañar eficazmente al presidente en esta fase crucial.
En cuanto al ámbito legislativo nacional, las posturas son heterogéneas. Legisladores afines al gobierno resaltan señales alentadoras como una mayor estabilidad cambiaria que reduce incertidumbres cotidianas para ciudadanos y empresarios; disminución visible en filas para adquirir diésel; mejora en indicadores relacionados con inversión extranjera; así como avances tangibles en reducción del riesgo país e inflación moderada. Diputados como Claudia Bilbao (PDC) subrayan estos aspectos positivos desde una perspectiva ciudadana común.
No obstante, desde sectores opositores persisten críticas severas respecto al manejo económico y social. Se denuncian casos presuntos de corrupción vinculados con entidades estatales encargadas del sector energético. También se cuestiona abiertamente la calidad actual del combustible distribuido en el mercado nacional junto con incrementos constantes en precios básicos como carne y pan. Diputadas opositoras piden un giro hacia políticas más inclusivas que beneficien equitativamente a campesinos, gremiales e indígenas además de exigir cambios urgentes en personalidades relevantes dentro del Ejecutivo.
Finalmente es importante destacar que algunos actores políticos reconocen que reconstruir plenamente el país después años difíciles será un proceso largo que excede ampliamente este primer trimestre gubernamental. Se requerirá voluntad política sostenida y decisiones firmes para devolver empleo digno y oportunidades económicas amplias a toda la población afectada por prolongadas crisis sociales y económicas.
Esta evaluación detallada refleja cómo los primeros cien días bajo Rodrigo Paz Pereira constituyen un periodo inicial marcado por avances significativos pero también por desafíos estructurales todavía pendientes. La eliminación efectiva e inmediata de subsidios representa un paso crucial hacia una economía más sostenible; sin embargo, es indispensable acelerar reformas legales profundas e institucionales para consolidar verdaderamente ese cambio anhelado por gran parte de los ciudadanos bolivianos
