Tras la conclusión del Carnaval, el gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira ingresó en una etapa crucial de evaluación de su gestión durante los primeros cien días en el poder. Entre las medidas implementadas, la eliminación de la subvención a la gasolina y al diésel, establecida mediante el Decreto Supremo 5516, se ha destacado como la acción más valorada tanto por sectores oficialistas como opositores. Este cambio representa un punto de inflexión en la política económica del país y ha generado un amplio debate sobre los próximos pasos para enfrentar la compleja situación económica vigente.

El contexto en el que se da esta medida responde a una crisis económica que demanda respuestas urgentes y efectivas. El gobierno ha señalado avances importantes, no solo con la supresión de estos subsidios, sino también con esfuerzos para estabilizar el tipo de cambio, uno de los indicadores económicos más sensibles para la población y para los agentes económicos. Asimismo, se ha desarrollado una intensa actividad diplomática y financiera a nivel internacional, buscando apoyo y cooperación de organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como de potencias globales como la Unión Europea y Estados Unidos. Estas gestiones apuntan a consolidar una nueva fase que permita afianzar las bases económicas del país.

No obstante, junto con los avances reconocidos existen críticas significativas y demandas pendientes. Uno de los aspectos más cuestionados es que, pese al cambio en la administración, el Estado continúa operando bajo leyes heredadas del régimen anterior del Movimiento al Socialismo (MAS). En particular, se destaca que el presupuesto general vigente fue diseñado durante el gobierno del expresidente Luis Arce. Esta continuidad normativa limita las posibilidades de implementar reformas profundas y adaptadas a las nuevas prioridades del Ejecutivo actual.

En este sentido, figuras políticas relevantes han expresado sus observaciones. El expresidente Jorge Tuto Quiroga calificó la eliminación del subsidio a los carburantes como la única medida significativa hasta ahora, pero criticó duramente la falta de iniciativas legislativas propias para modificar el modelo económico vigente. Señaló que no se ha presentado ningún proyecto económico trascendental que permita consolidar un cambio real en el modelo productivo comunitario social impulsado por casi dos décadas por el MAS.

Quiroga enfatizó además la necesidad urgente de poner fin a los interinatos en entidades públicas clave. Mencionó organismos fundamentales como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Aduanas, Impuestos Nacionales, Contraloría General del Estado, Procuraduría General y el Banco Central de Bolivia (BCB), entre otros. Para él, estas instituciones deben ser dirigidas por profesionales designados mediante méritos claros y competencias demostradas para garantizar eficiencia y transparencia.

Por su parte, Samuel Doria Medina, líder político aliado al gobierno actual y excandidato presidencial, realizó una evaluación positiva centrada en aspectos económicos financieros. Destacó cuatro medidas esenciales adoptadas: la eliminación sin violencia ni conflictos sociales graves de las subvenciones a carburantes; la liberación progresiva de exportaciones; el recorte del déficit fiscal; y la estabilización del tipo de cambio. Sin embargo, advirtió que aún quedan áreas críticas que requieren acciones contundentes e inmediatas.

Doria Medina planteó que aún restan importantes desafíos para alcanzar una estabilidad financiera sólida. Entre ellos mencionó implementar un régimen cambiario flotante efectivo para controlar mejor las fluctuaciones monetarias; combatir con mayor intensidad la inflación persistente; y proceder al cierre o reestructuración profunda de empresas estatales catalogadas como “inservibles”, cuya permanencia representa un gasto improductivo para las finanzas públicas.

Este líder político subrayó que existe un capital político favorable derivado del cambio percibido por parte de la ciudadanía. Por ello instó a construir un nuevo modelo híbrido económico que mantenga distancia crítica respecto al modelo anterior del MAS pero sin caer en dogmatismos o errores pasados. Este nuevo modelo debería basarse en fundamentos pragmáticos orientados a sanear las finanzas públicas y fomentar un desarrollo sostenible.

En paralelo a estas valoraciones nacionales, candidatos a gobiernos regionales también participaron en esta ronda evaluativa. Juan Pablo Velasco, candidato por Libre a la Gobernación de Santa Cruz, reconoció logros importantes del presidente Paz pero expresó preocupación por algunos ministros cuya actuación considera insuficiente frente a los retos actuales.

En el ámbito legislativo nacional se observan posiciones encontradas entre aliados y opositores al gobierno actual. Desde las fuerzas políticas afines se destacan señales positivas como mayor previsibilidad en el tipo de cambio tras años convulsos o reducción significativa en las filas por diésel que afectaban cotidianamente a miles de ciudadanos. Además resaltan una mejora relativa en indicadores macroeconómicos como inflación moderada o riesgo país más bajo.

Sin embargo, desde sectores opositores persisten críticas severas sobre aspectos fundamentales no resueltos o incluso empeorados. Denuncian presuntos casos de corrupción vinculados con entidades estatales encargadas del sector hidrocarburos; cuestionan reiteradamente la calidad del combustible disponible; alertan sobre aumentos sostenidos e injustificados en precios básicos como carne o pan; e insisten en que no se ha aprobado ninguna ley económica clave para modificar estructuralmente el sistema productivo ni fiscal.

La diputada Claudia Bilbao señaló que si bien hay avances visibles para quienes viven día a día con incertidumbre económica –como tener certeza sobre niveles cambiarios o acceso regular al diésel– todavía quedan pendientes importantes compromisos para consolidar esas mejoras y atraer inversiones sostenibles bajo un marco jurídico estable.

Alejandro Reyes coincidió con esta visión positiva parcial pero exigió mayor transparencia pública respecto a contratos vinculados con combustibles para despejar dudas sobre costos reales y calidad ofrecida al consumidor final.

Por su parte Iván Arias, alcalde capitalino, valoró positivamente esta etapa inicial dado que una mayor estabilidad en precios repercute directamente en mejores condiciones para gestionar recursos municipales y brindar tranquilidad social.

Desde sectores críticos como Alianza Popular (AP) afirman que las políticas gubernamentales favorecen principalmente a sectores empresariales dejando desprotegidos a campesinos, gremiales y pueblos indígenas. Solicitan cambios urgentes en personalidades clave dentro del Ejecutivo ante presuntas irregularidades administrativas.

Asimismo advierten que indicadores sociales esenciales –como acceso asequible a alimentos básicos– continúan mostrando dificultades considerables pese al discurso oficial sobre estabilización económica.

Finalmente Branko Marinkovic, senador vinculado al partido Demócratas y candidato regional opositor también reconoció avances iniciales pero enfatizó que reconstruir plenamente un país golpeado requiere tiempo prolongado y decisiones firmes sostenidas más allá del corto plazo evaluado actualmente.

En definitiva, este balance mixto revela una gestión gubernamental marcada por avances significativos pero también por desafíos profundos aún pendientes tanto en lo institucional como en lo económico-social. La eliminación directa e inmediata de subsidios representa un primer paso crucial hacia ajustes necesarios; sin embargo, queda claro que sin reformas estructurales amplias acompañadas por consensos políticos sólidos será difícil consolidar una recuperación integral capaz de mejorar sustancialmente las condiciones materiales y sociales para toda la población boliviana