La reciente decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de inhabilitar a Mario Cossío, candidato a gobernador de Tarija por Camino Democrático para el Cambio (CDC), ha desatado una intensa polémica en el ámbito político local, sacudiendo el escenario electoral a tan solo un mes de las elecciones subnacionales. Esta medida, que afecta además a otros aspirantes como Víctor Hugo Zamora, postulante a la Alcaldía de Tarija por Unir, ha generado un rechazo contundente entre autoridades electas y candidatos de diversas fuerzas políticas, quienes denuncian un uso arbitrario y politizado de las normas electorales.
La exclusión de Cossío es vista por muchos como una maniobra que va más allá de un simple cumplimiento jurídico; se interpreta como un atentado contra la pluralidad y la libre competencia electoral. El gobernador de Tarija, Oscar Montes, manifestó su preocupación por la forma en que se aplican ciertos requisitos para validar candidaturas, especialmente cuando las denuncias que motivan estas inhabilitaciones provienen de fuentes anónimas. Montes advirtió que este tipo de decisiones parecen responder a intereses políticos específicos y no al respeto riguroso del marco legal. En su análisis, señaló que esta práctica recuerda los mecanismos autoritarios que se criticaron durante años bajo el mandato del Movimiento al Socialismo (MAS), pero ahora estarían siendo replicados desde la alianza Patria, vinculada al presidente Rodrigo Paz. Para Montes, esta situación representa una amenaza directa al equilibrio democrático y pone en riesgo la transparencia del proceso electoral.
Por su parte, Johnny Torres, alcalde de Tarija y candidato a la reelección por Primero Tarija, calificó estas medidas como “reglas de dictadura” que vulneran derechos fundamentales al restringir la participación política. Torres subrayó que cualquier ciudadano tiene el derecho legítimo de postularse y ser elegido en comicios libres y justos. La inhabilitación forzosa de candidatos antes del voto popular priva a la ciudadanía tarijeña del derecho a decidir sobre sus autoridades locales. Enfatizó que esta situación no solo afecta a los contendientes excluidos sino que implica una pérdida para toda la población, pues debilita la confianza en el sistema democrático y sienta un precedente preocupante para futuras elecciones.
Gustavo Carvajal, candidato a alcalde por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), también expresó su condena hacia el TSE por las inhabilitaciones tardías, apuntando que estos actos representan un “golpe a la democracia”. Carvajal resaltó que impedir la participación electoral tan cerca del día comicial es una acción arbitraria que limita el derecho fundamental del pueblo para elegir libremente sus gobernantes. Para él, estas decisiones afectan no solo a los individuos sino al propio sistema democrático en su conjunto.
En paralelo, Víctor Hugo Zamora calificó su propia inhabilitación como una medida antidemocrática y expresó solidaridad con Mario Cossío y otros candidatos afectados en diferentes regiones del país. Aunque reconoció el impacto negativo sobre la confianza en el proceso electoral, Zamora aseguró que Unir continúa en carrera para las próximas elecciones subnacionales y anticipó movimientos estratégicos como nuevas alianzas y sustituciones en las candidaturas para sortear estos obstáculos.
Desde Camino Democrático para el Cambio también se mantiene firme la postura de impugnar esta resolución. La organización política anunció su intención de agotar todas las instancias legales disponibles para revertir la inhabilitación de Cossío. El propio candidato se trasladó hasta La Paz para recibir formalmente la notificación del TSE; sin embargo, denunció irregularidades en este procedimiento administrativo pues hasta horas avanzadas no se concretaba dicha notificación formal. Incluso se le informó que podría realizarse únicamente mediante un sistema digital al día siguiente.
Esta serie de hechos ocurre en un contexto complejo donde las elecciones subnacionales están programadas para el 22 de marzo próximo pero aún persisten numerosas incertidumbres debido a demandas judiciales e inhabilitaciones que afectan a distintos aspirantes políticos. Los actores involucrados advierten sobre vacíos legales y fallas procesales que ponen en riesgo la legitimidad del proceso electoral actual y demandan correcciones urgentes para garantizar transparencia y equidad tanto ahora como en futuros comicios.
En suma, lo sucedido con Mario Cossío y otros candidatos pone en evidencia tensiones profundas entre actores políticos locales y el órgano electoral respecto al manejo normativo e interpretativo del sistema democrático. Estas controversias generan inquietud entre la población tarijeña sobre su derecho real a elegir representantes mediante procesos limpios e imparciales. La disputa entre candidaturas excluidas y autoridades electorales abre un debate crucial sobre los límites institucionales y éticos en materia democrática dentro del país. A menos de un mes para las urnas, estas circunstancias configuran un escenario electoral convulso donde las decisiones administrativas podrían tener consecuencias decisivas sobre quiénes finalmente competirán por gobernar los destinos locales
