Una alarmante situación ha sido puesta de manifiesto en el sistema penitenciario del país, donde se estima que más de medio millar de individuos, tanto hombres como mujeres, se encuentran privados de libertad sin haber cometido delito alguno. Esta problemática se atribuye a deficiencias en las investigaciones y a la proliferación de acusaciones carentes de fundamento por parte de las autoridades judiciales.

La Organización Nacional de Víctimas Nueva Visión para Bolivia ha documentado que la totalidad de los casos que gestiona corresponden a personas que afirman su inocencia. De este universo, aproximadamente un dos por ciento son mujeres. Esta entidad, de carácter no lucrativo, ha logrado la excarcelación de varios de estos individuos injustamente encarcelados. Sin embargo, la persistencia de esta situación ha motivado a la organización a expresar su descontento mediante diversas movilizaciones de protesta.

La portavoz de la organización ha subrayado la grave dificultad que enfrentan numerosas familias para costear una defensa legal privada, especialmente en el actual contexto económico. Se ha señalado que los defensores públicos, en muchos casos, incentivan a los procesados a aceptar la vía del proceso abreviado. Esta opción, si bien puede parecer una salida rápida, a menudo culmina en condenas por delitos no cometidos, lo que acarrea serias repercusiones a largo plazo para la vida de los afectados.

Asimismo, se ha puesto de manifiesto que una proporción significativa de estos procesos injustos se dirigen contra hombres, frecuentemente basados en denuncias infundadas relacionadas con abuso sexual, violación y violencia intrafamiliar. La inquietud se centra en la percepción de que los varones se encuentran en una posición de particular vulnerabilidad ante estas imputaciones. Se ha instado a una mayor reflexión social sobre las implicaciones de las acusaciones falsas, con la advertencia de que tales escenarios podrían, en el futuro, afectar a sus propios descendientes.

En este contexto, se ha formulado un llamado apremiante para una transformación estructural del sistema judicial boliviano. Se demanda, además, un incremento en el apoyo destinado a garantizar una defensa adecuada para todos aquellos que se consideran procesados de manera injusta