Un informe reciente emitido por un grupo de trabajo de las Naciones Unidas ha generado controversia en Bolivia al abordar la situación del Gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. El documento, proveniente del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, perteneciente al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, cuestiona la legalidad del arresto y la continuidad de la detención de Camacho, quien fue aprehendido a finales de diciembre de 2022.
Según el informe, la detención del gobernador presenta irregularidades sustanciales, lo que ha llevado al grupo de trabajo a solicitar su liberación inmediata. Además, el organismo internacional sugiere que se otorgue a Camacho el derecho a recibir una compensación por el periodo de privación de libertad. El grupo de trabajo no solo se limita a pedir la excarcelación, sino que también insta al gobierno boliviano a llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre las circunstancias que rodearon su aprehensión y las condiciones carcelarias a las que ha sido sometido.
La reacción a este informe no se ha hecho esperar. Desde el penal de Miraflores, la ex presidenta Jeanine Áñez ha manifestado que las conclusiones del Grupo de Trabajo de la ONU son una confirmación de lo que ella considera una persecución política sistemática en Bolivia. Áñez, quien también se encuentra detenida y procesada por hechos relacionados con la crisis política de 2019, argumenta que tanto su caso como el de Camacho evidencian una vulneración de derechos fundamentales, de la constitución boliviana y del derecho internacional.
Por otro lado, desde la Dirección de Régimen Penitenciario se ha emitido una respuesta que minimiza las preocupaciones planteadas por el informe de la ONU. Si bien no se han ofrecido detalles concretos, se ha indicado que no se han cometido violaciones en el caso de Camacho, remitiendo cualquier consideración adicional al Ministerio de Justicia.
La trascendencia de este informe radica en que ha sido remitido a diversas relatorías especiales de la ONU, incluyendo las de libertad de opinión y expresión, libertad de reunión pacífica y asociación, e independencia de magistrados y abogados. Esto implica que el caso de Camacho podría escalar a instancias internacionales, poniendo bajo escrutinio la actuación del Estado boliviano en materia de derechos humanos y debido proceso. El cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la ONU se presenta ahora como un punto crítico para la imagen internacional de Bolivia y su relación con los organismos de protección de derechos humanos
