La campaña electoral en Tarija ha entrado en una etapa de elevada tensión y confrontación política tras la reciente inhabilitación de Mario Cossío como candidato a la Gobernación. Este hecho, ocurrido a menos de un mes de las elecciones subnacionales, ha generado un fuerte impacto en las proyecciones de voto y ha desatado una serie de acusaciones cruzadas entre los principales actores políticos involucrados. Cossío, quien buscaba la reelección bajo la bandera de Camino Democrático para el Cambio (CDC), ha sido excluido de la contienda electoral por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que fundamentó su decisión en el incumplimiento del requisito de residencia permanente.
El contexto de esta decisión se encuentra en el análisis riguroso que realizó el TSE sobre la documentación presentada por el exgobernador para acreditar su residencia en Tarija durante los últimos años. Según lo informado, existieron contradicciones evidentes entre la declaración jurada de Cossío y los registros migratorios oficiales. Mientras que el exmandatario aseguraba haber vivido dos años consecutivos en Tarija, los datos oficiales indicaban lo contrario, lo que generó dudas sobre la veracidad de sus afirmaciones. Además, se puso sobre la mesa una aparente incoherencia respecto a su condición migratoria: en 2020 Cossío manifestó haber renunciado a su estatus de refugiado para habilitarse políticamente, sin embargo, para 2026 volvió a señalar que mantiene dicha condición en Paraguay. Esta situación complicaría aún más su cumplimiento con las normas electorales vigentes.
Ante esta situación, Adrián Oliva, principal rival político y candidato por la alianza Patria, tomó distancia respecto a cualquier implicación directa en el proceso que culminó con la inhabilitación. Oliva defendió la independencia del Tribunal Supremo Electoral y subrayó que es un órgano renovado y autónomo quien tomó la decisión conforme a la ley. Su postura se centró en recalcar que las normas electorales deben cumplirse estrictamente para garantizar procesos transparentes y legítimos. Además, señaló con firmeza que cualquier intento de politizar esta resolución constituye un uso indebido del sistema electoral por parte del partido CDC y otros frentes políticos.
Por su parte, Mario Cossío no solo rechazó categóricamente las razones esgrimidas para su exclusión sino que también lanzó acusaciones directas contra Oliva y sus aliados. El exgobernador sostuvo que detrás del proceso judicial-electoral existe una maniobra política orquestada desde la campaña rival. En particular, denunció que una persona vinculada directamente a la alianza Patria fue quien presentó una denuncia formal ante el TSE que desencadenó su inhabilitación. Este hecho fue calificado por Cossío como una falta grave de lealtad política y ética, considerando además el pasado donde Oliva había reconocido públicamente las dificultades y amenazas personales sufridas por él tras su derrocamiento en años anteriores.
Este episodio no solo refleja un choque político intenso entre dos candidaturas fuertes sino también pone en evidencia las complejidades y desafíos del sistema electoral local para asegurar condiciones equitativas entre competidores. La controversia alrededor del cumplimiento estricto o flexible de los requisitos electorales tiene implicaciones directas sobre la legitimidad percibida del proceso y puede influir decisivamente en las decisiones del electorado tarijeño.
Pese a haber sido excluido formalmente del proceso electoral, Mario Cossío manifestó su intención clara de continuar luchando por revertir esta decisión mediante todas las instancias legales disponibles. Su anuncio anticipa una batalla judicial prolongada que podría extenderse hasta los días previos o incluso posteriores a los comicios subnacionales, manteniendo así viva la disputa política dentro del departamento.
En definitiva, este episodio marca un antes y un después en la dinámica electoral tarijeña al poner sobre la mesa temas clave como el respeto a las normativas electorales, las estrategias políticas frente a conflictos institucionales y el impacto de estas tensiones sobre los ciudadanos llamados a votar próximamente. La población local observa con atención cómo se desarrollan estos acontecimientos ya que podrían modificar sustancialmente el mapa político regional e influir en el rumbo futuro de Tarija durante los próximos años
