El clima político en torno a las elecciones se ha tensado considerablemente tras la inhabilitación del candidato y exprefecto Mario Cossío, una situación que ha generado un cruce de acusaciones entre las diferentes fuerzas políticas. En este contexto, Adrián Oliva, candidato por la alianza Patria y ex gobernador de Tarija, decidió romper el silencio para responder a las críticas que lo señalan como responsable de esta medida. Oliva se mostró visiblemente molesto ante lo que calificó como un uso político indebido de la inhabilitación por parte de la candidatura de Comunidad Democrática y Social (CDC) y otros contendientes, enfatizando que la decisión corresponde a un órgano independiente recientemente renovado.
El ex gobernador explicó con detalle los fundamentos que llevaron a la inhabilitación de Cossío, apuntando a una serie de contradicciones en su declaración jurada respecto a su residencia y estatus migratorio. Según Oliva, el candidato inhabilitado afirmó residir en Tarija durante los últimos dos años, requisito indispensable para su postulación, sin embargo, los registros migratorios oficiales desmienten esta afirmación. Además, señaló que en 2020 Cossío declaró haber dejado su estatus de refugiado para habilitarse como candidato, pero en 2026 volvió a presentarse como refugiado en Paraguay, argumento con el cual pretendía eximirse del requisito de residencia. Este choque de declaraciones fue el núcleo del análisis que concluyó con la inhabilitación.
Oliva recordó que el país viene saliendo de una etapa en la que no se cumplían estrictamente las normas electorales y subrayó la necesidad imperiosa de respetar la legislación vigente para garantizar procesos democráticos transparentes y justos. Su llamado fue claro: las normas deben cumplirse sin excepciones ni interpretaciones flexibles que puedan generar inequidades o dudas sobre la legitimidad del proceso.
Por su parte, el equipo jurídico de CDC defendió la postura contraria, argumentando que ambas situaciones son compatibles debido a la naturaleza particular del estatus de refugiado. Este punto introduce una complejidad jurídica relevante en el debate electoral actual, ya que pone en cuestión cómo deben interpretarse las normativas sobre residencia y elegibilidad cuando se trata de personas bajo protección internacional.
Cabe destacar además que Mario Cossío retornó al país en 2019 y desde entonces ha participado activamente en la política nacional. Incluso candidateó al Senado en procesos anteriores donde también fue declarado inelegible debido a su condición de refugiado; sin embargo, esa decisión sentó jurisprudencia contraria y no le impidió continuar ejerciendo sus derechos políticos ni participar en negociaciones públicas. Este antecedente añade una dimensión política y legal importante al caso actual.
Finalmente, es fundamental mencionar que el Consejo Nacional para los Refugiados (CONARE) de Paraguay ha confirmado que Cossío mantiene vigente su condición de refugiado. Esto implica que su situación migratoria sigue siendo un elemento central para determinar su elegibilidad según las leyes electorales nacionales. La confirmación oficial desde Paraguay refuerza los argumentos legales utilizados por quienes defienden la inhabilitación.
En suma, este episodio refleja no solo un enfrentamiento político entre candidaturas rivales sino también un debate profundo sobre el cumplimiento normativo, el respeto a las instituciones independientes encargadas del control electoral y las particularidades jurídicas vinculadas al estatus migratorio especial. La controversia generada pone sobre la mesa temas esenciales para asegurar procesos electorales transparentes donde prevalezca la legalidad por encima del interés partidario o personal. Para los ciudadanos implicados y observadores del proceso democrático resulta clave entender estos matices para valorar adecuadamente las decisiones tomadas y sus consecuencias en el escenario político nacional actual
