La próxima Asamblea Legislativa, ante el complejo escenario judicial, ha manifestado la existencia de consensos para impulsar una elección destinada a completar la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Paralelamente, se evalúa una reforma judicial integral como otra vía para abordar la situación.
Dentro del ámbito legislativo, algunas voces abogan por la adopción de medidas contundentes, incluso sugiriendo el uso de la fuerza pública para resolver la prolongada controversia. La percepción predominante entre ciertos bloques parlamentarios apunta hacia una estrategia coordinada con el poder ejecutivo para alcanzar una resolución definitiva, fundamentada en el compromiso compartido de restablecer el estado de derecho.
Añadiendo una capa de complejidad al panorama judicial, una acción legal ha sido interpuesta ante el Tribunal de Justicia del Beni. Esta demanda busca la remoción de todos los magistrados que extendieron su mandato de forma automática, así como de aquellos que fueron previamente electos. Dicha acción popular se mantiene activa, pendiente de la reprogramación de su audiencia.
Previamente, el 6 de octubre, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) solicitó la renuncia de cinco miembros del TCP que se habían prorrogado en sus cargos. Esta demanda fue seguida por la presentación de una denuncia formal ante el Fiscal General del Estado, la cual fue remitida a la Asamblea Legislativa. El objetivo era iniciar un juicio de responsabilidades contra Gonzalo Hurtado Zamorano, René Espada Navia, Julia Cornejo Gallardo, Isidora Jiménez Castro y Karem Gallardo Sejas.
No obstante, esta iniciativa generó una inmediata ola de críticas desde diversos sectores. Legisladores, en particular, argumentaron que el mandato de los funcionarios autoprorrogados había caducado en diciembre de 2023, lo que, a su juicio, los hacía sujetos a un juicio ordinario en lugar de un proceso de privilegio. Este debate se desarrolló el 8 de octubre, y posteriormente, el 22 del mismo mes, se presentó la mencionada acción popular en Beni, dirigida contra las máximas autoridades del Órgano Judicial.
Constitucionalmente, la nueva Asamblea tiene la responsabilidad de preseleccionar a siete nuevos magistrados: cinco para el TCP y dos para el TSJ. Posteriormente, el tribunal electoral deberá organizar nuevas elecciones judiciales para designar a los reemplazos de los funcionarios que extendieron su mandato. Este proceso, según las proyecciones, implicará un gasto económico adicional para la ciudadanía
