La administración departamental enfrenta un desafío significativo debido a la existencia de aproximadamente noventa normativas que, a pesar de estar vigentes, resultan inejecutables por la ausencia de los recursos económicos necesarios. Esta situación está generando un creciente pasivo financiero para la gobernación, el cual se incrementará progresivamente si no se toman medidas legislativas.
La máxima autoridad departamental ha señalado la imposibilidad material de cumplir con un conjunto considerable de estas leyes. Desde el año 2021, ha instado a los miembros de la asamblea legislativa a revisar estas disposiciones, enfatizando la urgencia de su modificación, anulación o cualquier otra acción que permita resolver su inaplicabilidad. Se ha destacado que la responsabilidad de abordar este marco legal recae directamente en los legisladores.
Se ha advertido que la inacción frente a estas leyes no conducirá a una paralización de la administración, sino a la acumulación de una deuda que, en el futuro, será legalmente exigible, acarreando las consiguientes responsabilidades. La autoridad ejecutiva ha manifestado haber deslindado su propia responsabilidad, argumentando que la modificación de leyes no se encuentra dentro de sus competencias, mientras el adeudo se consolida por la vigencia de normativas que no pueden ser cumplidas.
Gran parte de estas leyes fueron aprobadas durante el primer periodo de la Asamblea, entre 2010 y 2015, una época caracterizada por la bonanza económica derivada de los ingresos por gas natural, que alcanzaban hasta 160 millones de bolivianos mensuales. Este contexto contrasta drásticamente con la situación actual, donde los ingresos mensuales rondan los 20 millones de bolivianos, cifra insuficiente para cubrir las obligaciones establecidas por dichas leyes.
La Constitución establece claramente que toda creación de una obligación debe contar con el respaldo financiero necesario para su cumplimiento. Este principio ha sido de conocimiento de los asambleístas durante los últimos cuatro años, y actualmente, el respaldo económico para ejecutar estas leyes es inexistente. Los legisladores son plenamente conscientes de la inviabilidad de cumplir con ciertas normativas, lo que subraya la imperiosa necesidad de su intervención. Ante esta situación, se ha informado a la Contraloría y al gobierno central.
Respecto a la noción de que una ley que condicione el uso de recursos a su disponibilidad sería suficiente, se ha aclarado que el sistema judicial no interpreta la normativa de esa manera. Para la justicia, la existencia de una ley implica su cumplimiento, sin importar las restricciones de disponibilidad de fondos. La disparidad entre los ingresos actuales y los de la época de aprobación de estas noventa leyes es un factor crítico que impide su ejecución
