El exministro Arturo Carlos Murillo Prijic será deportado a Bolivia desde Estados Unidos, tras haber cumplido una condena por lavado de dinero en territorio norteamericano. A su regreso, el exfuncionario deberá enfrentar múltiples procesos judiciales en su país de origen, incluyendo dos sentencias firmes y la defensa en al menos ocho investigaciones adicionales por presuntos delitos de corrupción.

Autoridades bolivianas han detallado que una de las condenas impuestas a Murillo, quien ejerció como ministro de Gobierno durante la administración transitoria, se relaciona con el caso conocido como gases del Ecuador. Este proceso derivó en una sentencia de cinco años y cuatro meses de prisión por la introducción irregular de agentes químicos y armamento al país. La segunda sentencia, que asciende a ocho años de cárcel, fue dictada por la adquisición con sobreprecio de gases lacrimógenos a una empresa brasileña. Se presume que los fondos obtenidos de esta transacción ilícita fueron el origen del dinero blanqueado por el cual Murillo fue condenado en Estados Unidos.

La salida de Murillo de Bolivia se produjo en noviembre de 2020, pocos días antes de la investidura del actual presidente. En aquella ocasión, el exministro abandonó el país en una aeronave militar. Previamente, había manifestado públicamente su intención de salir de Bolivia por vacaciones, negando cualquier intención de asilarse y afirmando no haber cometido delitos, así como su falta de temor a eventuales persecuciones judiciales.

La decisión de deportación por parte de las autoridades estadounidenses se confirmó a pesar de los intentos fallidos del exministro de ser entregado a un tercer país, argumentando que su seguridad personal podría estar en riesgo en Bolivia. A su llegada al aeropuerto de Viru Viru, se le notificarán las diversas causas pendientes en su contra y será trasladado a la ciudad de La Paz. La Procuraduría General del Estado ha anticipado que, durante la audiencia cautelar, se solicitará la detención preventiva del exministro en el penal de Chonchocoro.

El Ministerio Público en La Paz registra más de una treintena de procesos penales iniciados contra el exministro de Gobierno, de los cuales la mayoría se abrieron tras su gestión en el cargo y están vinculados a delitos de corrupción. Un análisis de los registros judiciales indica que Murillo figura como denunciado en 34 expedientes penales, de los cuales en 15 ha sido imputado, en 10 acusado y en dos ya cuenta con sentencia.

Entre los casos de mayor relevancia se encuentran las investigaciones, actualmente anuladas, relacionadas con los sucesos de Sacaba y Senkata. En su momento, el exministro había expresado su deseo de que los responsables de esos hechos fueran identificados dentro de ciertas organizaciones. Otros expedientes significativos incluyen casos vinculados a la adquisición e internación de agentes químicos y armamento desde Brasil, Ecuador y Argentina, así como investigaciones por tráfico de drogas, legitimación de ganancias ilícitas, resoluciones contrarias a la ley por la aprobación de venta de combustible de avión, y el robo de la libreta militar del expresidente Evo Morales en 2020. El proceso más antiguo data de 2010 por uso de instrumento falsificado, ya cerrado, mientras que el más reciente, por organización criminal, fue abierto en 2023.

La figura prominente del gobierno transitorio fue arrestada el 24 de mayo de 2021 en Estados Unidos, bajo cargos de conspiración para el lavado de dinero y soborno, en conexión con fondos derivados de la compra irregular de material antidisturbios para Bolivia. En enero de 2023, una corte federal lo sentenció a 70 meses de prisión, luego de que se declarara culpable. Su liberación anticipada, en junio de este año, se debió a buena conducta, siendo posteriormente trasladado a un centro de detención migratoria, desde donde se concretó su inminente deportación