El desenlace de la reciente audiencia migratoria que involucra al exministro Arturo Murillo en Estados Unidos no se hará público, una característica común de los procesos judiciales de inmigración en ese país, que suelen mantener un perfil bajo. El exfuncionario se encuentra ante una bifurcación crucial en su situación legal: la posibilidad de solicitar asilo, una vía que se presume ha explorado, o la eventualidad de ser deportado a una nación distinta, como Croacia, lo que le permitiría eludir un retorno a Bolivia.
En el marco de la legislación migratoria estadounidense, aquellos individuos que han sido condenados por delitos graves suelen enfrentar un proceso de deportación. Este procedimiento se activa generalmente tras su liberación de prisión, requiriendo una comparecencia ante un juez de inmigración que dictamina sobre su permanencia o expulsión del territorio. Si bien la deportación es el desenlace más probable en la inmensa mayoría de estos casos, existen excepciones, especialmente cuando se interpone una solicitud de asilo, lo que introduce una capa de complejidad en la resolución final.
El historial legal del exministro en Estados Unidos comenzó en mayo de 2021 con su arresto en Miami, seguido de una condena por lavado de dinero que le acarreó una pena de cinco años de prisión. No obstante, en junio del presente año, fue puesto en libertad gracias a mecanismos propios del sistema carcelario estadounidense, un hecho que coincidió con las gestiones del gobierno boliviano para su extradición. Recientemente, estaba programada su comparecencia ante el juez Jorge Peceda, quien determinará su futuro legal.
Una alternativa contemplada es la deportación a un tercer país. Croacia se perfila como una posible nación de destino, dada la ascendencia familiar del exministro, quien ha manifestado que su madre y sus abuelos eran de origen croata, un vínculo reflejado en su apellido materno, Prijic.
Aunque las deportaciones a terceros países no han sido una práctica habitual a lo largo de la historia, administraciones anteriores, como la de Trump, implementaron esta medida en diversas ocasiones, sentando un precedente que otorga al gobierno de Estados Unidos la discreción para tomar tal decisión. En caso de que la deportación sea inminente, el propio individuo podría solicitar formalmente ser enviado a una nación específica, siempre y cuando presente la documentación que acredite sus lazos con dicho país.
Independientemente de la resolución judicial inmediata, el exministro dispondrá de un plazo de un mes para apelar la decisión del juez. Este periodo podría ser utilizado para buscar recursos legales que le permitan evitar enfrentar la justicia en Bolivia, donde actualmente tiene dos procesos pendientes, uno de los cuales ya cuenta con una sentencia ejecutoriada
