A un mes de la finalización del proceso de transición gubernamental, la iniciativa del modelo 50/50, impulsada por el presidente Rodrigo Paz como eje central de su campaña, permanece en un estado de incertidumbre operativa. Los municipios del país, muchos enfrentando serias dificultades financieras, demandan una reunión urgente con las autoridades centrales para conocer el contenido detallado del proyecto y así comenzar un diálogo efectivo sobre la distribución de recursos y competencias entre los distintos niveles de gobierno.
La ausencia de una propuesta formal y la falta de claridad en cuanto a su implementación han generado preocupación entre los alcaldes, quienes advierten que esta indefinición obstaculiza la planificación presupuestaria para el año 2026, un periodo que podría ser determinante para avanzar en la descentralización estatal.
En cuanto a la situación financiera, el alcalde de Tarija, Johnny Torres, señaló que aunque el modelo 50/50 requiere un análisis detallado, la prioridad inmediata es atender la crisis económica que enfrentan las alcaldías. Indicó que más del 95% de los municipios provinciales cuentan únicamente con fondos para cubrir gastos operativos, encontrándose al borde de la insolvencia.
Respecto a las capitales, la realidad tampoco es favorable. Torres ejemplificó con la Alcaldía de Tarija, cuyo presupuesto de inversión para 2025 oscila entre 13 y 20 millones de bolivianos, una cifra que se prevé similar para 2026, insuficiente para responder a las necesidades en infraestructura, servicios y mantenimiento urbano. Por ello, enfatizó la urgencia de una definición oficial sobre la puesta en marcha del modelo 50/50.
En búsqueda de respuestas, Torres informó que ha enviado solicitudes formales al Gobierno central y al presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, para concretar una reunión que permita abordar este tema. Aunque la invitación ha sido aceptada, aún no se ha establecido una fecha para el encuentro. El alcalde resaltó la necesidad de una confirmación clara sobre la aplicación o no del modelo en 2026, ya que de ello dependerán ajustes normativos previos.
Adicionalmente, advirtió que en caso de que el modelo no se implemente el próximo año, se deben establecer mecanismos de apoyo para los municipios, considerando que las gobernaciones enfrentan una situación financiera aún más delicada. Como alternativa, propuso flexibilizar los límites de endeudamiento para que las alcaldías puedan acceder a créditos destinados a obras urgentes.
Por su parte, la Asociación de Municipios de Tarija (AMT), representada por su presidente y alcalde de San Lorenzo, Asunción Ramos, manifestó que aún no se ha definido una postura institucional debido a la inexistencia de una propuesta formal por parte del Gobierno. Ramos explicó que los rumores apuntan a una administración 50/50 de los recursos, lo que implicaría también la transferencia de nuevas competencias a los municipios.
Los alcaldes expresan preocupación por la posibilidad de que esta redistribución de fondos venga acompañada de responsabilidades previamente asumidas por el Estado central, pero sin la correspondiente asignación financiera. Ramos recordó experiencias pasadas en las que se asignaban tareas a los municipios sin el respaldo económico necesario, obligándolos a utilizar recursos propios o de regalías.
Desde esta perspectiva, la redistribución podría ser beneficiosa si se limita a proyectos conjuntos como infraestructura vial, obras sociales o iniciativas financiadas por entidades como la UPRE, Fondioc o el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, siempre y cuando se descentralice la toma de decisiones. Sin embargo, advirtió que la transferencia de obligaciones como el pago de sueldos en educación, salud o seguridad no sería bien recibida.
La AMT mostró disposición para sostener reuniones con el Gobierno en Tarija o La Paz, con el fin de evaluar proyectos en ejecución y facilitar la viabilidad de aquellos que cuentan con financiamiento aprobado por la Asamblea Legislativa.
En los últimos días, las declaraciones oficiales sobre la implementación del modelo 50/50 han generado confusión. Inicialmente, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, indicó que la reasignación no podría aplicarse en 2026, debido a que el Presupuesto General del Estado ya fue aprobado por la administración anterior y a la necesidad de modificar diversas leyes. Reconoció además la complejidad actual en materia de recursos, aunque aseguró que los servicios públicos y obligaciones estatales no están en riesgo, y anunció la presentación de un presupuesto eficiente en febrero de 2026.
Sin embargo, poco después, el ministro modificó su postura, afirmando que el modelo comenzará a aplicarse desde el primero de marzo de 2026, bajo un presupuesto que aún está en proceso de elaboración. Reconoció que ni el presupuesto vigente ni el dejado por la administración anterior contemplan el 50/50, lo que implicará trabajar en un ajuste presupuestario en un plazo muy corto para cumplir con el compromiso presidencial.
Esta combinación de falta de una propuesta formal, la crisis financiera municipal y las contradicciones en el discurso oficial han colocado al modelo 50/50 en una situación compleja. Se espera que un primer acercamiento sobre este tema pueda darse en el próximo Consejo Nacional de Autonomías que prepara la actual administración
