Una reciente evaluación sobre la situación de la prensa en Bolivia ha revelado un preocupante incremento de agresiones contra profesionales de la comunicación en el primer semestre de 2025. Durante este periodo, se han documentado 45 incidentes de violencia, de los cuales doce afectaron específicamente a periodistas mujeres, quienes sufrieron diversos tipos de agresión, particularmente durante la cobertura de eventos noticiosos.
El contexto en el que se desarrollaron estas hostilidades estuvo marcado por una profunda polarización política, social y económica en el país, situación que, según los datos recopilados, expone a las mujeres periodistas a una mayor vulnerabilidad. La recopilación de estos hallazgos se realizó a través de un exhaustivo monitoreo de noticias, redes sociales y comunicados emitidos por diversas asociaciones de prensa que denunciaban estos sucesos.
Los datos indican que dos elementos principales catalizaron la conflictividad registrada entre enero y junio de este año. En primer lugar, la inhabilitación del expresidente Evo Morales para las elecciones generales programadas para el 17 de agosto. En segundo término, la crisis económica que atraviesa el país, caracterizada por la inflación y la escasez de dólares y combustibles, también contribuyó significativamente a un ambiente tenso. Un tercer episodio de agresiones contra la prensa se registró en Colcapirhua, una localidad cercana a Cochabamba, en medio de un bloqueo vial motivado por el rechazo de sus habitantes a que los residuos de la capital departamental fueran depositados en su territorio.
Los meses de mayor incidencia de estos ataques fueron mayo, con 13 casos, y junio, que registró 20 incidentes. Del total de 45 agresiones, diez involucraron a corresponsales de medios internacionales. En cuanto a la distribución por género, el 26% de las víctimas fueron mujeres, mientras que el 73% fueron hombres. Adicionalmente, se reportaron dos amenazas generales a la prensa.
La investigación destaca dos situaciones particularmente graves que generaron una indignación colectiva, reflejando la percepción y el trato que reciben las informadoras en los espacios públicos e institucionales. Uno de estos casos es el de Nadia A.O., una joven periodista que en 2024 fue víctima de abuso sexual por parte de un fotoperiodista. La falta de justicia y la revictimización por parte de las autoridades policiales y fiscales la sumieron en una profunda depresión, llevándola a quitarse la vida a finales de marzo. El otro incidente concierne a Paola Cadima, periodista de un canal privado, quien fue objeto de violencia sexual, física, psicológica y agresión durante la cobertura del conflicto por la basura en Cochabamba, a manos de un grupo de choque que la acosó y atacó.
Si bien tanto hombres como mujeres sufrieron agresiones, la violencia dirigida hacia las periodistas se manifiesta como un fenómeno estructural, transversal y diferenciado. Esto subraya las profundas desigualdades de género persistentes en la sociedad boliviana y la arraigada presencia de patrones machistas.
Estos resultados son motivo de gran preocupación para las organizaciones de periodistas. En respuesta a esta situación, se ha desarrollado y presentado un protocolo diseñado para la cobertura informativa de procesos electorales, que incorpora un enfoque de derechos humanos y género. Este documento recopila una serie de herramientas normativas ratificadas por el país, buscando informar a los periodistas sobre las leyes que los protegen y establecer lineamientos claros para la salvaguarda de su labor profesional
