Una controversia administrativa, centrada en la recaudación de la tasa de aseo urbano, ha escalado a un enfrentamiento político entre la administración departamental y la municipal. La ciudadanía observa con inquietud el desarrollo de esta disputa, temiendo que pueda comprometer la continuidad del servicio esencial de recolección de residuos.
El origen del desacuerdo radica en la imposibilidad de Servicios Eléctricos de Tarija (Setar) y la Entidad Municipal de Aseo Tarija (Emat) para consensuar un mecanismo de cobro de la mencionada tasa. El convenio que permitía a Setar recaudar estos fondos a través de las facturas de energía eléctrica expiró en 2021 y, hasta la fecha, no ha sido posible reactivarlo. La empresa eléctrica argumenta que, sin un marco legal vigente, carece de respaldo para continuar con esta función, lo que ha puesto en riesgo la sostenibilidad financiera del servicio de limpieza en la ciudad.
El gobernador de la región ha atribuido la responsabilidad de la situación a la gestión municipal, señalando una supuesta inacción en los trámites administrativos necesarios para la renovación del acuerdo. Según su perspectiva, el convenio feneció hace tres años y, desde entonces, el municipio no habría completado la documentación requerida para su actualización. El gobernador enfatizó que Setar no puede proceder con el cobro de una tasa sin el debido sustento legal, subrayando que se trata de recursos municipales que exigen transparencia y apego a la normativa. A pesar de las críticas, extendió una invitación pública al alcalde para dialogar en las oficinas de Setar.
Por su parte, el alcalde respondió a la invitación con un tono de rechazo, desestimando la propuesta como un acto inapropiado para su investidura. El burgomaestre también criticó la gestión departamental, sugiriendo un trato diferenciado hacia la municipalidad de Tarija en comparación con otras jurisdicciones del departamento. Si bien reconoció que el convenio caducó en 2021, justificó la demora en su renovación debido a complejos procedimientos burocráticos impuestos por el nivel central. Explicó que la tramitación de un nuevo tarifario ante el Gobierno nacional tomó nueve meses, seguido de su aprobación en el Concejo Municipal y la posterior elaboración de un decreto reglamentario, el cual ya se encuentra en vigor.
Mientras las autoridades departamentales y municipales intercambian acusaciones, la población se mantiene en vilo ante el posible impacto en el servicio de aseo. Desde Emat se ha alertado que, de no restablecerse el sistema de cobro, la entidad podría verse forzada a reducir o incluso suspender parcialmente la recolección de basura. Esta medida drástica sería consecuencia directa de la falta de recursos para el mantenimiento de la flota vehicular y el pago de salarios al personal, lo que agravaría la situación sanitaria en la ciudad
