Una persistente controversia institucional involucra a Servicios Eléctricos de Tarija (Setar) y la Entidad Municipal de Aseo de Tarija (EMAT). La interrupción de la recaudación de la tarifa de aseo urbano a través de las boletas de energía eléctrica amenaza la viabilidad del servicio de recolección de residuos. En este escenario, el gobernador Oscar Montes atribuye la responsabilidad principal al Gobierno Municipal de Cercado, señalando una deficiencia en la previsión y la gestión administrativa.
La autoridad departamental ha señalado que Setar no posee el fundamento jurídico necesario para continuar con el cobro de la tasa de aseo urbano, dado que el acuerdo que lo habilitaba con la municipalidad caducó en 2021. Además, los términos procesales para subsanar esta situación han precluido. En este contexto, el gobernador ha afirmado que la raíz del problema no reside en una determinación política de la Gobernación, sino en una negligencia administrativa por parte del ente municipal.
Se ha rememorado que, desde el año 2021, recaía sobre el Gobierno Municipal la obligación de instituir una nueva tasa para el aseo urbano. Durante la administración del exalcalde Alfonso Lema, se desarrolló una propuesta técnica que fue elevada a instancias superiores, pero esta nunca recibió el tratamiento necesario por parte del Concejo Municipal para su conversión en normativa. Según declaraciones del propio Montes, la municipalidad recién en septiembre de 2025 procedió a promulgar y publicar una nueva tasa, lo cual ocurrió significativamente fuera de los términos legales establecidos.
El mandatario ha calificado como una guerra sucia y una táctica inaceptable el hecho de que se intente culpar a la Gobernación y se utilice a los empleados de EMAT para proferir amenazas e injurias, sugiriendo que la pérdida de sus empleos sería consecuencia de la acción departamental.
Recientemente, el gobernador sostuvo un encuentro con el gerente general de Setar, Marco López, a quien encomendó iniciar un diálogo con EMAT con el propósito de hallar una solución de índole técnica, despojando el asunto de cualquier connotación política. Días después, delegados de ambas entidades, acompañados por representantes sindicales de los trabajadores, examinaron la documentación pertinente y convinieron en la elaboración de un escrito formal que detalle los procedimientos y requerimientos para la reactivación del cobro. Se ha reiterado que las mesas técnicas se establecerán únicamente tras la recepción de un documento por escrito que contenga las posturas oficiales de ambas partes, enfatizando que la cuestión es de naturaleza técnica y no política.
Si bien se ha expresado gratitud por la disposición de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve), el Comité Cívico y algunos legisladores nacionales para mediar en el asunto, se ha puntualizado que la resolución debe ceñirse estrictamente a los cauces legales y administrativos. La Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve), sin embargo, ha manifestado su descontento con la postura de las autoridades departamentales. Desde la organización vecinal se ha lamentado la actitud observada, argumentando que la ciudadanía no debe ser rehén de disputas burocráticas, y que la función de las autoridades es resolver las problemáticas, no enfrascarse en acusaciones mutuas entre instituciones
