El gobernador de Tarija, Óscar Montes, emitió una seria advertencia sobre el futuro energético y económico de Bolivia, subrayando que el país podría dejar de ser un exportador neto de gas natural y convertirse en importador en un plazo aproximado de dos años si no se implementan cambios profundos en la política energética nacional. Esta declaración se fundamenta en la preocupación por la caída sostenida en la producción de gas y las implicaciones que este fenómeno tiene para el abastecimiento interno, los compromisos internacionales y las finanzas regionales.
Durante una conferencia de prensa, Montes detalló que la producción actual de gas natural está disminuyendo progresivamente, lo que ha llevado a una situación donde los volúmenes disponibles apenas son suficientes para satisfacer el consumo interno del país y cumplir con los contratos mínimos de exportación, especialmente hacia Brasil. Esta realidad configura un escenario preocupante que podría agravarse a partir del próximo año, cuando se prevé una reducción aún más marcada en la disponibilidad del recurso energético. La disminución en la oferta no solo pone en riesgo el abastecimiento doméstico, sino que también amenaza con limitar las capacidades del país para mantener su posición como proveedor regional.
La crisis energética tiene un impacto directo y significativo en las finanzas departamentales, particularmente para Tarija, cuya economía está estrechamente vinculada a la industria hidrocarburífera. Montes recordó que durante años anteriores Bolivia llegó a percibir ingresos por exportaciones de gas superiores a los 5.000 millones de dólares anuales; sin embargo, esta cifra ha caído drásticamente hasta situarse cerca de 1.000 millones para el año 2025. Este descenso representa una reducción cercana al 80% respecto a los niveles registrados durante los años 2013 y 2014, lo cual refleja un deterioro considerable en los ingresos derivados del sector energético.
En el caso específico del departamento de Tarija, gran parte del gas producido se destina al mercado interno boliviano. Este consumo interno no genera regalías para el departamento, lo que limita las fuentes de ingreso locales provenientes del sector hidrocarburífero. Ante esta circunstancia, Montes planteó como alternativa priorizar la venta del gas al mercado externo para incrementar los ingresos departamentales. No obstante, enfatizó que esta decisión depende directamente del nivel central del Estado y está atada a las políticas nacionales vigentes sobre hidrocarburos y comercio exterior.
El gobernador también expuso con detalle la drástica reducción en los recursos económicos que recibe la Gobernación por concepto de regalías hidrocarburíferas. Según su relato, durante gestiones anteriores Tarija llegó a recibir alrededor de 160 millones de bolivianos mensuales por este concepto; posteriormente esta cifra bajó a cerca de 90 millones mensuales y en la administración actual se ha reducido aún más hasta aproximadamente 30 millones mensuales. De no revertirse esta tendencia negativa, Montes advirtió que para las próximas autoridades departamentales estos ingresos podrían disminuir hasta unos 15 millones bolivianos mensuales, lo cual representa un desafío significativo para la gestión pública local.
Frente a este panorama complejo y desafiante, Óscar Montes hizo un llamado urgente para impulsar una nueva Ley de Hidrocarburos acompañada de ajustes estructurales profundos en la política energética nacional. Señaló que estas medidas son indispensables para enfrentar tanto la crisis energética como sus consecuencias económicas asociadas. La falta de acciones inmediatas podría transformar radicalmente el perfil energético del país: Bolivia pasaría de ser un exportador confiable a depender de importaciones externas para satisfacer su demanda interna de gas natural. Este cambio tendría repercusiones directas sobre la economía nacional y regional, afectando desde los precios internos hasta la estabilidad financiera tanto del Estado central como de las gobernaciones dependientes del sector hidrocarburífero.
En definitiva, la advertencia formulada por el gobernador tarijeño pone sobre la mesa una problemática estructural vinculada al manejo sostenible y estratégico del recurso energético más importante para Bolivia. La caída progresiva en producción y exportación no solo amenaza con poner fin a décadas como proveedor regional sino también compromete seriamente el desarrollo económico local y nacional si no se adoptan políticas adecuadas y oportunas que permitan revertir esta tendencia negativa. Así, el futuro energético boliviano enfrenta un momento crucial donde las decisiones gubernamentales tendrán un impacto determinante sobre el bienestar económico y social del país
