El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, ha expresado un contundente rechazo a las controvertidas afirmaciones de Ruth Yolanda Nina Juchani, dirigente de Pan-Bol. Nina había manifestado que, en lugar de un conteo de votos, las elecciones podrían resultar en un conteo de fallecidos por parte del Tribunal Electoral y el Gobierno.
Esta declaración, emitida el pasado 12 de julio durante una asamblea de simpatizantes del expresidente Evo Morales en Lauca Ñ, generó una fuerte indignación pública. Como consecuencia, se inició una investigación penal contra Nina, a raíz de una denuncia presentada por María Leonila Galindo Torrez en representación del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade).
En una conferencia de prensa, el ministro Ríos reiteró la desaprobación gubernamental a este tipo de pronunciamientos, calificándolos de irresponsables. Subrayó que la población boliviana escuchó atentamente la advertencia de Nina, quien, minutos después, intentó desvincularse de sus propias palabras, mostrando una actitud de falta de responsabilidad.
La Fiscalía de Cochabamba ha abierto una causa penal por la presunta comisión de delitos contra el proceso electoral y amenazas públicas. No obstante, el Juzgado de Instrucción de la provincia Cercado, que recibió inicialmente la denuncia, se declaró incompetente y transfirió el caso a la jurisdicción de Shinahota, en el Trópico cochabambino, lugar donde ocurrieron los hechos.
Este viernes, Ruth Nina no compareció ante el Ministerio Público para rendir su declaración informativa. En una comparecencia junto a su equipo legal, argumentó que sus discursos habían sido malinterpretados y que en la Bolivia actual se está criminalizando la palabra. La dirigente, quien en años anteriores se opuso a Evo Morales y ahora se alinea con su defensa política, afirmó que cualquier frase o discurso pronunciado en asambleas no constituye un delito, sugiriendo irónicamente que si así fuera, las autoridades deberían proporcionar un guion para la oratoria pública.
Desde el Ministerio de Gobierno, Ríos ha insistido en la necesidad de establecer precedentes firmes para evitar la normalización de amenazas de esta índole en el ámbito político. Ha solicitado que el Ministerio Público y el Órgano Judicial investiguen estas acciones con el rigor que merecen, con el fin de sentar bases legales que impidan la repetición de incidentes similares, siempre que el análisis jurídico lo permita.
Al ser consultado sobre una posible aprehensión de Nina, Ríos aclaró que la Policía Boliviana actuará únicamente si se emite una instrucción legal por parte de una autoridad competente, reafirmando que la institución está preparada para llevar a cabo procesos investigativos o ejecutar directrices, como lo ha hecho en ocasiones anteriores. Sin embargo, el ministro optó por no extenderse en comentarios sobre la figura de Ruth Nina, señalando que no beneficia ni al proceso democrático ni a la población en general.
Actualmente, el proceso se encuentra en una etapa preliminar en Shinahota. Se espera que el Ministerio Público fije una nueva fecha para la citación de Nina, con el fin de que preste su declaración informativa. Su defensa ha asegurado que no eludirá la justicia, aunque condiciona su presentación al estricto cumplimiento de los procedimientos legales
