El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, manifestó su preocupación al asumir el cargo debido a la ausencia total de documentación y respaldo en su despacho, lo que calificó como un acto de sabotaje contra la administración de Rodrigo Paz en un momento crucial para la recuperación económica del país.

Al tomar posesión el 10 de noviembre, Espinoza reveló que encontró su oficina completamente vacía, sin registros ni información que permitiera una gestión ordenada. Según sus declaraciones, esta situación no puede atribuirse a un simple descuido, sino que representa un intento deliberado de obstaculizar un gobierno elegido democráticamente, que enfrenta el desafío de reconstruir una economía seriamente afectada en los últimos años, especialmente durante la gestión anterior.

El ministro también destacó la existencia de aproximadamente 7.000 millones de bolivianos en deudas y acreencias no registradas, que abarcan desde pequeñas adquisiciones hasta procesos financieros de mayor envergadura, detectados en los primeros diez días de administración. Al sumar los saldos pendientes de otras entidades públicas, la cifra asciende a cerca de 15.000 millones de dólares, monto que, según Espinoza, habría sido sustraído del Estado durante la gestión del Movimiento al Socialismo (MAS), una denuncia que también fue planteada por el presidente Rodrigo Paz recientemente.

No obstante, a pocos días de estas declaraciones, el exministro Marcelo Montenegro aclaró que toda la documentación correspondiente al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas fue entregada oportunamente a la comisión encargada de la transición del actual gobierno, desmintiendo así la versión de falta de información al momento del cambio de mando