El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, abordó en profundidad las recientes acciones implementadas por el Gobierno Nacional en respuesta a las denuncias ciudadanas sobre la calidad del combustible que se comercializa en el país. Su intervención se dio en el programa Otra Noche (ON) de EL DEBER, donde explicó los avances y desafíos vinculados a la problemática que generó un paro cívico en el departamento de Beni.
Uno de los puntos centrales que motivaron las protestas sociales fue la demanda de la instalación de una oficina distrital de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en Beni, así como la contratación prioritaria de trabajadores originarios de esa región. Estas solicitudes reflejan una preocupación comunitaria por una mayor presencia estatal local y el acceso a empleos vinculados al sector hidrocarburífero. Medinaceli confirmó que estas medidas están contempladas y serán implementadas en un plazo determinado, con el objetivo de mejorar la calidad del combustible y fortalecer la relación entre la estatal petrolera y la población beniana.
El ministro detalló que durante las conversaciones con los representantes cívicos se analizaron diferentes resultados de laboratorios para esclarecer las dudas sobre la calidad del combustible. En este contexto, se evidenció una discordancia entre la percepción empírica de los usuarios, quienes reclaman gasolina fósil o especial, y los análisis técnicos que certifican que actualmente se comercializa gasolina premium. Esta situación se explica por la reducción en la producción nacional de petróleo, lo cual llevó a agotar los volúmenes disponibles de gasolina fósil. Sin embargo, Medinaceli adelantó que cuando las refinerías procesen el nuevo crudo que ingresará próximamente al país, se podrá reabastecer nuevamente con este tipo de combustible.
Como parte del compromiso para dar seguimiento a estos acuerdos y mantener un canal abierto con los sectores sociales, YPFB junto al Ministerio enviarán una comisión técnica a Beni durante la semana siguiente. Esta medida busca atender directamente las inquietudes ciudadanas y garantizar un monitoreo efectivo sobre la calidad y suministro del carburante. La instalación proyectada de una distrital local facilitará además una comunicación más fluida entre los usuarios y YPFB, permitiendo respuestas más ágiles ante problemas cotidianos relacionados con el sector hidrocarburífero.
En relación con las investigaciones llevadas a cabo para verificar la calidad del combustible distribuido en el territorio nacional, Medinaceli informó que una comisión oficial viajó a Paraguay para realizar controles específicos sobre este aspecto; sin embargo, indicó que dicha verificación aún está en proceso. Paralelamente, se habilitó una línea directa vía WhatsApp para que los consumidores puedan registrar sus datos y acceder al protocolo establecido por el seguro estatal destinado a cubrir posibles daños atribuibles al uso de combustibles defectuosos o contaminados. Esta iniciativa responde al interés gubernamental por reforzar mecanismos de control y atención inmediata ante eventuales problemas.
Un caso puntual que generó preocupación fue el retraso en la descarga de cisternas cargadas con combustible almacenadas en Palmasola durante más de 20 días. Ante esta situación, YPFB actuó conforme a protocolos técnicos estrictos para identificar cualquier posible contaminación o desestabilización del producto antes de su distribución masiva. Según explicó Medinaceli, este procedimiento incluyó retirar el combustible sospechoso del sistema para estabilizarlo adecuadamente antes de su puesta en circulación. Estas medidas preventivas son fundamentales para evitar riesgos mayores y garantizar un suministro seguro para los usuarios finales. Asimismo, esta circunstancia pudo haber influido en episodios puntuales de desabastecimiento registrados durante las festividades del Carnaval en Santa Cruz.
Respecto a los cambios estratégicos implementados en materia logística e importación de crudo, el ministro señaló que aunque situaciones similares habían ocurrido en gestiones anteriores, actualmente existe mayor transparencia y certeza sobre la calidad del combustible distribuido. Esto se debe a procedimientos más rigurosos acompañados por seguros activos y protocolos técnicos bien definidos. En este sentido, destacó como medida urgente la promulgación del Decreto Supremo 5548, que autoriza formalmente la importación directa de petróleo crudo.
Este decreto representa un avance sustancial porque permite importar materia prima petrolera para ser procesada luego en refinerías nacionales bajo supervisión directa del Estado mediante YPFB. De esta forma no solo se asegura un control estricto sobre la calidad final del combustible sino también se optimizan costos frente a importar productos terminados desde otros países. El laboratorio propio de YPFB fue destacado como uno de los mejores instalados para efectuar análisis precisos sobre combustibles refinados internamente.
El ministro aclaró además que anteriormente existían limitaciones legales entre YPFB Corporación y YPFB Refinación que impedían actuar coordinadamente para importar crudo; ahora esas barreras han sido superadas permitiendo consolidar un proceso integral desde la compra hasta su distribución final al consumidor. Bajo este esquema operativo habrá bloques mayoristas donde tanto empresas privadas como YPFB participarán activamente en abastecer gasolina diésel refinado o importado según corresponda.
Esta modalidad aporta beneficios económicos significativos ya que importar crudo implica adquirir materia prima con menor costo comparado con comprar productos terminados listos para su uso inmediato. Posteriormente procesar ese crudo genera valor agregado al producir diferentes derivados petrolíferos dentro del país; esto contribuye no solo a reducir gastos relacionados con importaciones sino también a disminuir demanda externa de divisas estadounidenses.
Además, impulsar esta cadena productiva nacional fortalece el sector industrial incrementando su aporte al producto interno bruto (PIB) e incluso puede generar nuevas fuentes laborales vinculadas a operaciones logísticas e industriales asociadas al procesamiento petrolero.
Para evitar cualquier tipo de sospecha o falta transparencia durante todo este proceso estratégico, Medinaceli aseguró que YPFB implementará mecanismos claros como acceso público a información relevante mediante páginas web oficiales y coordinación permanente con otras instituciones estatales competentes.
Finalmente, el ministro resaltó que YPFB cuenta actualmente con capacidad instalada para procesar más de 60 mil barriles diarios aunque opera aproximadamente 25 mil barriles por día; esta situación podrá modificarse conforme avance la participación privada dentro del esquema mayorista planteado.
Se prevé entonces mantener esta estructura hasta consolidar bloques privados responsables por importar petróleo crudo directamente pagando servicios específicos como transporte refinación almacenamiento y distribución regionalizada bajo supervisión estatal rigurosa.
Este modelo implicará también exigir inversiones concretas en infraestructura como estaciones servicio mejor equipadas para garantizar eficiencia operativa integral.
Para contextualizar económicamente estas operaciones destacó además que el precio internacional actual del barril crudo ronda los 65 dólares estadounidenses; cifra relevante para dimensionar costos asociados tanto a importaciones como al valor final del combustible puesto a disposición del consumidor nacional.
En suma, estas medidas reflejan un esfuerzo gubernamental por responder eficazmente a reclamos sociales puntuales sobre calidad y disponibilidad del combustible mientras se avanza hacia nuevas formas organizativas e industriales orientadas hacia mayor autonomía energética y transparencia administrativa dentro del sector hidrocarburífero boliviano
