Marcelo Salinas Gamarra, actual ministro de Defensa de Bolivia, se presenta como una figura que combina respeto, seriedad y disciplina con la agilidad diplomática necesaria para manejar uno de los cargos más importantes dentro del Estado. A pesar de su preferencia por mantener un perfil discreto, accedió a dialogar con EL DEBER para revelar detalles cruciales sobre la situación que atraviesan las Fuerzas Armadas bolivianas y las medidas que su gestión está implementando para enfrentar los retos actuales.
Al asumir el Ministerio de Defensa, Salinas encontró una institución en condiciones precarias, particularmente en lo que respecta al equipamiento y la operatividad. Una de las primeras decisiones fue redefinir el rol de las Fuerzas Armadas, cerrando la “Escuela Antimperialista” y estableciendo en ese lugar la Unidad Militar Ecológica y de Emergencias (UMEE). Esta nueva unidad ha demostrado ser fundamental para atender los estados de emergencia recientes en el país, habiendo apoyado a 60 municipios y asistido a más de 15 mil familias mediante la entrega de alimentos y otros recursos. Este cambio refleja una apuesta por una fuerza armada más involucrada en la gestión ambiental y humanitaria, ampliando sus funciones hacia la protección de parques nacionales y la prevención y combate de incendios forestales.
Dentro del marco legal, el ministro ha impulsado un proyecto para reformular la Ley de las Fuerzas Armadas. La intención es modernizar esta normativa que actualmente tiene un carácter híbrido, adaptándola a las nuevas amenazas internas y externas que enfrenta Bolivia, así como incorporando conceptos contemporáneos sobre defensa reconocidos a nivel mundial. Esta reforma busca dotar a las fuerzas militares de un marco jurídico actualizado que permita enfrentar con eficacia los desafíos presentes.
Uno de los aspectos más críticos expuestos por Salinas es el estado del equipamiento aéreo militar. La flota aérea está prácticamente paralizada: solo dos helicópteros están operativos entre aproximadamente 35 naves disponibles, muchas de ellas estacionadas en Viru Viru y Cochabamba sin mantenimiento adecuado desde hace años. Los modelos afectados incluyen helicópteros Super Puma y los chinos H1H. El costo estimado para reactivar estos aparatos asciende a entre 40 y 50 millones de dólares; sin embargo, el Estado boliviano no cuenta actualmente con esos recursos debido a otras prioridades sociales.
La problemática se extiende a otras aeronaves militares; por ejemplo, dos aviones Hércules están fuera de servicio por falta de mantenimiento mientras que sólo uno permanece operativo para emergencias. Además, dentro del área aerofotogramétrica sólo uno de cuatro aviones funciona adecuadamente. Estas carencias reflejan un déficit presupuestario profundo que ha impedido incluso la compra básica de municiones para instrucción militar, obligando a los conscriptos a realizar sus prácticas sin disparar balas reales.
En cuanto a investigaciones vinculadas con adquisiciones anteriores, el Ministerio está llevando adelante auditorías económicas, técnicas y legales sobre varios casos polémicos como la compra irregular de barcazas chinas, radares y aeronaves. Particularmente destaca el caso de dos aviones adquiridos hace años: uno fue recogido pero el segundo no ha llegado al país desde hace más de siete años, permaneciendo estacionado en un hangar en Inglaterra sin matrícula boliviana aún asignada. Este tipo de irregularidades evidencian problemas administrativos graves en gestiones pasadas.
Respecto al sistema radarístico nacional, Salinas confirmó que solo dos radares civiles funcionan plenamente dentro del territorio nacional —de un total contratado nueve— ubicados en regiones como Beni, Santa Cruz y Cochabamba. Estos dispositivos son clave para controlar el espacio aéreo civil pero también han detectado vuelos irregulares provenientes principalmente desde Perú hacia Brasil y Paraguay; se han registrado cerca de 4.200 vuelos irregulares durante los últimos tres años. Este fenómeno subraya la necesidad urgente de fortalecer la cooperación regional para proteger las fronteras aéreas.
En ese sentido, el ministro informó sobre avances diplomáticos recientes tras su participación en una reunión internacional con pares defensivos. Se establecieron acuerdos bilaterales concretos con España encaminados a cooperación en desastres naturales mediante intercambio técnico y capacitación conjunta; asimismo se prevé firmar próximamente un acuerdo binacional con Brasil destinado al cuidado conjunto fronterizo ante estas amenazas aéreas irregulares.
Las acciones emprendidas por esta gestión apuntan tanto a recuperar recursos mal utilizados como a reorientar las funciones militares hacia tareas sociales y ambientales prioritarias para Bolivia hoy. La combinación entre auditorías rigurosas e iniciativas estratégicas busca devolver eficiencia y modernidad a unas Fuerzas Armadas golpeadas por años sin inversión ni mantenimiento adecuado.
En definitiva, bajo el liderazgo del ministro Marcelo Salinas Gamarra se observa una clara intención por transformar las Fuerzas Armadas bolivianas desde su estructura legal hasta su capacidad operativa real; enfrentando desafíos complejos vinculados al déficit presupuestario histórico mientras se abren espacios para una mayor cooperación internacional e integración regional orientada a mejorar la seguridad integral del país. Esta evolución es vital no solo para garantizar la defensa nacional sino también para responder eficazmente ante emergencias sociales y ambientales que afectan diariamente a miles de bolivianos
