Un grupo de militares procesados por el levantamiento armado ocurrido el 26 de junio de 2024, encabezado por el ex comandante del Ejército Juan José Zúñiga, ha solicitado su inclusión en un proyecto de ley denominado “Restablecimiento de derechos de militares y policías dados de baja por causas políticas”. Esta iniciativa legislativa fue originalmente diseñada para beneficiar a los involucrados en los conflictos sociales de 2019.
El proyecto, impulsado por diputados de la bancada Alianza Unidad, consta de once artículos y establece como objetivo principal la recuperación de derechos para militares y policías que fueron dados de baja durante el gobierno de Luis Arce Catacora, bajo acusaciones consideradas falsas, como amotinamiento o colaboración en golpe de Estado, vinculadas a los hechos ocurridos en las elecciones de 2019.
Uno de los legisladores promotores explicó que la propuesta no busca otorgar amnistía, sino garantizar el debido proceso, la justicia y la verdad para aquellos efectivos que participaron en operativos durante las protestas sociales de noviembre de 2019, señalando que estos se encontraban “del lado del pueblo”. El proyecto contempla la anulación de los procedimientos sancionatorios administrativos o disciplinarios y el restablecimiento de derechos, funciones y salarios, en respuesta a lo que califican como atropellos sufridos. Además, se mencionó que varios de los afectados estuvieron detenidos y otros optaron por abandonar el país.
El abogado defensor de varios militares vinculados tanto a los hechos de 2019 como al caso de Zúñiga, valoró positivamente la iniciativa, aunque advirtió que no podrá reparar por completo los daños ocasionados, que afectan no solo a los uniformados sino también a sus familias, incluyendo casos de fallecimientos en prisión. En este sentido, solicitó que el alcance del proyecto se amplíe para incluir a los procesados por los sucesos de 2024, argumentando que un informe de una comisión legislativa concluye que no existen pruebas concluyentes sobre la existencia de un golpe de Estado en esa ocasión. Este informe, según el abogado, guarda relación con resoluciones judiciales previas que descartaron la ocurrencia de un golpe en 2019.
Ante esta situación, se anunció la presentación de una carta dirigida a los legisladores proponentes para solicitar la modificación del proyecto y que sus beneficios se extiendan a los militares dados de baja por los acontecimientos recientes. El abogado también señaló que, al igual que en 2019, los procesamientos de los implicados en la revuelta militar de 2024 respondieron a directrices políticas emanadas de los ministerios de Gobierno y Defensa, y que las autoridades encargadas de los procesos tenían instrucciones claras para expulsar a estos efectivos sin otorgarles derechos ni beneficios.
Por otro lado, un general vinculado a la promoción de Zúñiga, que prefirió mantener su anonimato, consideró que el proyecto de ley presenta múltiples deficiencias y es inaplicable, debido a un desconocimiento de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA) y otras normativas relacionadas con ascensos y destinos militares.
Asimismo, un abogado constitucionalista advirtió que la iniciativa podría ser inconstitucional, ya que los legisladores no tienen la facultad para juzgar o determinar mediante una ley si existió o no un golpe de Estado, asunto que actualmente está siendo analizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en posibles procesos judiciales contra la expresidenta involucrada. Además, señaló la necesidad de evaluar que la norma no implique un perjuicio económico para el Estado, especialmente en términos de posibles reparaciones.
En resumen, el proyecto de ley que busca restablecer derechos a militares y policías dados de baja por causas políticas enfrenta tanto apoyos para su ampliación como críticas por su constitucionalidad y viabilidad práctica, en un contexto marcado por procesos judiciales y controversias políticas en torno a los eventos sociales y militares de los últimos años
