El presidente Rodrigo Paz se pronunció con firmeza tras el asesinato de Mauricio Aramayo, vinculando este trágico hecho con un entramado de corrupción, extorsión y coimas que, según su análisis, estaría profundamente arraigado en las estructuras estatales de Bolivia. En un contexto marcado por la indignación social y la preocupación política, Paz destacó que el crimen no debe ser visto como un acto aislado ni producto de delitos comunes como el narcotráfico o el contrabando, sino como una manifestación directa de la corrupción institucional que afecta al país.
En sus declaraciones públicas, el mandatario optó por mantener reserva sobre los detalles específicos del caso para no entorpecer las labores de las autoridades encargadas de la investigación. Sin embargo, insistió en que lo ocurrido con Mauricio Aramayo pone al descubierto un sistema corrupto que distorsiona los valores fundamentales y las prácticas administrativas dentro del aparato estatal. Esta red de corrupción, según Paz, no solo implica pagos ilegales y extorsiones sino también una dinámica interna donde algunas autoridades renuncian formalmente a sus cargos para conservar el control a través de técnicos afines, lo que perpetúa un estado “tranca y corrupto” en diferentes niveles institucionales.
El presidente resaltó además la figura de Mauricio Aramayo como un ejemplo a seguir para la población local, especialmente para los habitantes de Tariquia. Subrayó que la conducta del joven estuvo marcada por su rechazo categórico a participar en prácticas corruptas, lo cual lo convirtió en un blanco debido a su integridad. Este aspecto resalta la gravedad del problema: no solo se trata de corrupción oculta o tolerada, sino de una amenaza directa contra quienes deciden resistirla. La afirmación contundente de Paz sobre que “la corrupción lo asesinó” pone en relieve la dimensión política y social del crimen, además del compromiso presidencial por que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.
El mandatario calificó este caso como un hecho histórico para Bolivia, señalando que sería la primera ocasión en que una víctima muere directamente a causa de la corrupción estatal. Esta distinción es crucial porque abre un nuevo capítulo en el debate público sobre cómo enfrentar una problemática sistémica que ha permeado diversas instituciones del país. La denuncia pública realizada por Paz no solo busca justicia para Mauricio Aramayo sino también visibilizar las fallas estructurales que permiten la proliferación de estas conductas ilícitas dentro del Estado.
Mientras tanto, las instancias judiciales y policiales continúan con las investigaciones pertinentes en medio de un clima político tenso y una creciente demanda ciudadana por transparencia y rendición de cuentas. La repercusión del caso ha generado un debate intenso sobre la necesidad urgente de reformar mecanismos internos para erradicar la corrupción y evitar que hechos similares se repitan. En definitiva, el asesinato de Mauricio Aramayo ha puesto sobre la mesa no solo una tragedia individual sino también una problemática colectiva que requiere atención inmediata para restaurar la confianza en las instituciones bolivianas
